Aprueban el informe sobre la investigación de los “Papeles de Panamá” y sugieren remitir antecedentes al Ministerio Público

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La Comisión Especial Mixta de la Asamblea Legislativa que investigó los “Papeles de Panamá”, aprobó este sábado por unanimidad su informe conclusivo y sugiere remitir antecedentes de los casos emblemáticos de los Papeles de Panamá, al Ministerio Público y la PGE sobre el caso de la Cooperativa de Telecomunicaciones y Servicios de Cochabamba, para establecer  responsabilidades penales de los involucrados en la compra de acciones a la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba, señala una nota de Prensa Diputados.

Sobre la creación de 14 empresas “offshore” por parte de la familia del expresidente del Comité Pro Santa Cruz y acusado por el caso Terrorismo, Branko Marinkovic, propone remitir el caso al Ministerio Público y a la PGE, para establecer la responsabilidad penal, porque se evidenció el uso de estructuras comerciales para transferir acciones y ocultar el origen y destino de recursos económicos.

El texto de la nota indica, que en el caso que involucra a Fernando Romero, ex ministro de Economía de Gonzalo de Sánchez de Lozada (1993-1997), donde se identificó operaciones contables poco comunes en la Sociedad de Administración Agrícola “Adagro” S.R.L. e Inversiones Galileo SRL, y al existir incrementos substanciales no explicados de sus estados financieros y negocios con empresas “offshore”, plantea que la UIF prosiga con la investigación.

Respecto al caso de los hermanos José y Walter Kreidler, éste último exministro de Desarrollo Económico en la presidencia de Carlos Mesa, a fin ampliar la indagación sobre su participación en la empresa “offshore” Hendon Star Capital Ltd, propone remitir los antecedentes a la UIF y que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas continúe con la demanda contra los ejecutivos de la Fundación Bolivia Exporta.

Sobre el caso que involucra al empresario opositor Samuel Doria Medina, quien junto a su familia creó el año 2005 la “offshore” Akapana con el único fin de vender sus acciones en la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), la Comisión sugiere que los documentos de compra- venta sean remitidos por la Autoridad de Fiscalización de Empresas a la UIF y al SIN, para que se prosiga con la investigación por posible evasión tributaria.

Ese año, Doria Medina vendió en Bolivia el 46,5% de sus acciones en Soboce a su “offshore” Akapana en Bs 270 millones, reportando una ganancia de Bs 80 millones, y un día después, Akapana las vendió a la mexicana Grupo Cementos de Chihuahua en Bs 524 millones, ganando Bs 297 millones, presumiblemente evadiendo Bs 217 millones en impuestos.

Los otros casos, en curso de investigación, corresponden a los empresarios Urenda, Dueri, Luzio, Daher y Azcarrunz Campuzano, quienes aparentemente utilizaron empresas “offshore” en las operaciones comerciales propias de empresas bolivianas, así como la posible existencia de lavado de activos en esas operaciones, por lo que plantea la remisión de la información a la UIF, a fin de que se analice y continúe con la investigación.

El informe conclusivo de la investigación será remitido, junto a los anexos y documentos de respaldo de los casos, a los ministerios de Economía y Finanzas Pública, Obras Públicas y Relaciones Exteriores, además al Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, al BCB, ASFI y a la Aduana Nacional, para que analicen la pertinencia de las modificaciones a las normativas institucionales propuestas en el Anteproyecto de Ley.

Al finalizar la sesión, el presidente de la Comisión, diputado Manuel Canelas, dijo: “Concluimos con un informe que nosotros pensamos cumple las expectativas, queríamos, por un lado, un diagnóstico institucional, ver qué faltaba en las instituciones del Estado boliviano, con el fin de ser más efectivos en la lucha contra los paraísos fiscales; de ahí se deriva una Ley de Lucha Contra el Uso de los Paraísos Fiscales, que va a modificar algunos aspectos de la normativa”.

El informe conclusivo, el Anteproyecto de Ley y la documentación generada por la investigación, serán remitidos a la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, para su tratamiento correspondiente, finaliza la nota de prensa.