La dotación de equipos a diputados y senadores genera cuestionamientos en medio de la crisis política y económica del país
La entrega de 278 tablets con tecnología 5G a legisladores de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), realizada por la empresa estatal ENTEL en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, volvió a poner en el centro del debate el uso de recursos públicos y las prioridades del Estado.
Aunque las autoridades sostienen que la medida busca fortalecer la digitalización del trabajo parlamentario, diversos sectores cuestionan tanto el momento político como la necesidad de destinar recursos a este tipo de equipamiento.
El argumento oficial: modernizar el trabajo legislativo
De acuerdo con la explicación brindada por el Ministerio de Obras Públicas y ENTEL, la entrega de las tablets forma parte de un proceso de transformación digital destinado a facilitar el acceso a documentación legislativa, reducir el consumo de papel y mejorar la conectividad de diputados y senadores mediante tecnología 5G.
No obstante, la iniciativa despertó críticas debido a que la Asamblea Legislativa cuenta con un presupuesto institucional propio para equipamiento tecnológico dentro del Presupuesto General del Estado (PGE), lo que llevó a distintos analistas y legisladores a preguntarse por qué la dotación fue financiada por una empresa pública dependiente del Órgano Ejecutivo.
No es la primera vez que las tablets generan polémica
La controversia recuerda lo ocurrido en 2023, cuando durante la presidencia de Jerjes Mercado en la Cámara de Diputados se entregaron tablets a los legisladores con el argumento de modernizar la labor parlamentaria.
En aquella oportunidad, la Presidencia de Diputados explicó que los equipos formaban parte de un contrato de servicios de internet y que habían sido entregados en calidad de comodato, es decir, como herramientas de trabajo que debían ser utilizadas mientras durara la función legislativa.
Sin embargo, la medida también fue cuestionada por haberse realizado poco antes de la elección de la nueva directiva de Diputados, e incluso algunos legisladores señalaron que la entrega tenía un trasfondo político.
La denuncia sobre los equipos que nunca fueron devueltos
El debate volvió a surgir en 2025, cuando la exdiputada María Elena Ortega denunció que varios legisladores de la gestión 2020-2025 decidieron conservar los celulares y tablets que habían recibido durante su mandato, en lugar de devolverlos a la Cámara de Diputados.
Hasta la fecha no existe información pública que precise cuántos dispositivos fueron efectivamente restituidos, si todos estaban bajo contrato de comodato o si la administración legislativa inició procesos para recuperar los equipos.
El costo estimado del nuevo equipamiento
Aunque el Gobierno no hizo público el monto de la inversión, tomando como referencia el precio de mercado de una tablet con conectividad 5G de gama media-alta, el valor de los 278 dispositivos podría superar los 139.000 dólares, equivalente a cerca de un millón de bolivianos.
No obstante, el costo oficial dependerá del modelo adquirido, del contrato suscrito con el proveedor y de las condiciones comerciales negociadas por ENTEL, datos que aún no han sido difundidos.
El contraste con la educación pública
La entrega también generó críticas por el contraste con la realidad de numerosas unidades educativas fiscales, especialmente en áreas rurales y periurbanas, donde persisten limitaciones en el acceso a computadoras, internet y equipamiento tecnológico.
Padres de familia y juntas escolares han denunciado en reiteradas ocasiones que deben realizar aportes económicos para mejorar la infraestructura o adquirir equipos básicos para los estudiantes.
Diversos sectores consideran que una inversión de esta magnitud podría haber contribuido a reducir la brecha digital en escuelas con mayores necesidades, mientras que otros sostienen que la modernización del Poder Legislativo también requiere herramientas tecnológicas adecuadas para el desempeño de sus funciones.
Un debate que trasciende las tablets
Más allá del valor económico de los dispositivos, la discusión gira en torno a la oportunidad de la medida y a las prioridades del gasto público en un contexto de dificultades económicas y de reconfiguración política dentro de la Asamblea Legislativa.
La entrega de las tablets reabre además interrogantes sobre los mecanismos de control del patrimonio estatal, el destino final de los equipos tecnológicos asignados a autoridades públicas y la necesidad de transparentar los criterios utilizados para este tipo de adquisiciones o dotaciones.
