El expresidente y actual vocero de la demanda marítima, Carlos Mesa, indicó que el decreto firmado en 2005 buscaba “garantizar el libre acceso a la información” en temas de seguridad nacional. Asimismo, rechaza que haya limitado la integridad de la soberanía nacional como manifiesta la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre el caso misiles chinos.
El pasado viernes la resolución final del TSJ dispuso la remisión de antecedentes al Ministerio Público para investigar la emisión del decreto supremo 28168 que levanta la confidencialidad de armamento armado.
“La filosofía de los decretos 27329 y 28168 es lograr algo básico, el derecho de todos a acceder a la información, no son decretos referidos a temas de seguridad nacional, éstos se tocan precisamente acotando la protección de esos temas y las excepciones para su conocimiento público”, afirmó Mesa en un artículo publicado en su blog.
El expresidente dice que el fallo del TSJ tiene el objetivo de hacer responsable al gobierno que defendió la soberanía del Estado y que «nada tuvo que ver en el caso». Además, aclara que en 2004 frente a la presión de EEUU para la entrega de 36 misiles por parte del ejército boliviano la decisión adoptada por su Gobierno fue el de no entregarlas libremente.
“Nuestra decisión fue clara e inequívoca, si EEUU quería nuestros misiles portables, debía darle a nuestras FFAA un número equivalente de misiles de base fija con la misma o mayor potencia de fuego, en ningún otro caso entregaríamos los misiles. No hubo respuesta a esa demanda y, por supuesto, no entregamos los misiles”, apuntó Mesa.
Por su parte, el presidente Evo Morales a tiempo de cuestionar la sentencia dijo ayer no conocer que «algunas autoridades con normas (también) ayudaron para que se entregue los misiles a Estados Unidos”.
