Seis líderes de la oposición, entre expresidentes, exvicepresidentes y jefes de partidos políticos, convocaron este jueves al pueblo boliviano a rechazar el proceso de preselección de candidatos para las elecciones judiciales de diciembre, al considerar que el procedimiento estuvo viciado desde un inicio y fue impuesto por la mayoría oficialista del MAS en la Asamblea Legislativa Plurinacional con la única finalidad de desconocer los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016, para viabilizar una inconstitucional re-re-reelección del presidente Evo Morales, según se redacta en una institucional de Unidad Demócrata (UD).
El documento, denominado Declaración conjunta sobre la preselección de candidatos del Órgano Judicial, fue firmado por Rubén Costas, presidente nacional del Movimiento Demócrata Social (Demócratas); los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga; el exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas; Luis Revilla, jefe nacional de Soberanía y Libertad (Sol.bo) y Samuel Doria Medina, presidente de Unidad Nacional (UN).
En el documento, los líderes opositores sostienen que la preselección de candidatos, que concluyó esta jornada en medio de escándalos y denuncias, tuvo como resultado ‘predeterminado’ la designación de afines y militantes del MAS, para ‘mantener la justicia de Bolivia en el peor momento de su historia’, de acuerdo a la nota de prensa.
Además, la declaración critica el papel del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), que derivó en un proceso “mal conducido, con exámenes y entrevistas cuyo nivel académico fue lamentable”.
Así, los líderes de la oposición democrática boliviana se declaran convencidos de que las elecciones judiciales del 3 de diciembre “no ofrecen posibilidad de corregir la desastrosa realidad de nuestra justicia”.
Declaración conjunta sobre la preselección de candidatos del órgano Judicial
El documento que se publicó en redes sociales indica: Como ciudadanos, expresidentes, exvicepresidentes y jefes de partidos políticos, decimos nuestra palabra en torno al proceso de preselección de candidatos para las elecciones judiciales.
La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) ha concluido su trabajo de preselección de los candidatos para la conformación de las cabezas del Órgano Judicial del país. Termina así la primera fase de un camino con un resultado predeterminado: la instalación, por segunda vez, de una mayoría de ciudadanos afines o militantes del Movimiento al Socialismo en la cúpula de nuestro sistema judicial.
Como advertimos en la Declaración de 12 de abril de 2017, el gobierno ha preferido imponer sus reglas y mantener la justicia de Bolivia en el peor momento de su historia, atravesada por la falta de idoneidad, la dependencia partidaria, la instrumentalización del sistema judicial como mecanismo de persecución basado en la corrupción.
La actual preselección estuvo viciada desde su inicio. El oficialismo en la ALP se negó a escuchar las propuestas de la oposición democrática. El intento de legitimar la calificación de candidaturas a través del sistema universitario desnudó la verdadera naturaleza de este mecanismo con la arbitraria designación de delegados de parte del CEUB sin el consentimiento previo del Sistema Universitario, lo que ha reafirmado un proceso mal conducido, con exámenes y entrevistas cuyo nivel académico fue lamentable.
En estas condiciones la primera evidencia es la ausencia casi total de postulaciones de los mejores juristas del país, que se han negado a cohonestar un procedimiento que le ha dado la espalda a la búsqueda de excelencia, transparencia e independencia del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional.
Tenemos claro que el gobierno tomó la decisión política de buscar los mismos resultados que en las elecciones judiciales de 2011. Tanto esta preselección como las próximas elecciones judiciales del 3 de diciembre no ofrecen posibilidad de corregir la desastrosa realidad de nuestra justicia, que es su dependencia del poder político, ineficiencia y falta de transparencia.
Por tanto:
Como expresidentes, exvicepresidentes y jefes de partidos políticos, sumándonos al sentimiento mayoritario del pueblo boliviano, convocamos a rechazar este nuevo atropello a la institucionalidad democrática del país, que pretende viabilizar el intento inconstitucional de una nueva reelección de los actuales mandatarios y que busca desconocer los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016.
