By La jueza de garantías de Pozo Almonte, Isabel Peña, determinó este miércoles sentenciar a los nueve bolivianos detenidos y acusados por los delitos de robo con intimidación y violencia, contrabando y porte ilegal de arma de fuego, a tres años de cárcel con expulsión del país y una multa de 48 mil dólares.
La jurista chilena no mostró reparos a la hora de sentenciar a los compatriotas: Alex Carvajal Uchani, Carlos Calle Soliz, Juan Torrez Gonzales, Carl Huachalla Rada, Arsenido Choque Gonzales, Ediberto Mamani Flores, Diego Gúzman Vazquez, David Quenallata Laurel y Brian Quenallata Mendez, quienes podrán regresar a casa en un mes, después de cumplir algunas formalidades legales.
Los funcionarios bolivianos fueron detenidos por carabineros de Chile el pasado 19 de marzo en un controvertido caso de contrabando.
Los acusados se vieron beneficiados con la medida sustitutiva de condena, con la expulsión del país (Chile) que se pondrá en ejecución en los próximos 30 días, después de que éstos renunciaran a su derecho a un juicio oral y aceptaran su culpabilidad para acogerse a un juicio abreviado, en el cual el Ministerio Público de ese país pidió una pena de 3 años y un día de cárcel. Por su parte, uno de los bolivianos detenidos aclaró, “no fuimos obligados a someternos a un proceso abreviado”.
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La multa dispuesta para cada boliviano sentenciado, que corresponde al valor aduanero del hecho, asciende a Bs 332.326 (48 mil dólares) que deberá ser cancelada en el plazo de 30 días después de ser dictada la sentencia.
Además, la justicia chilena determinó que los sentenciados no podrán ingresar al vecino país en un plazo de 10 años y, en el caso de los militares Alex Carvajal y Carlos Calle, por un plazo de 20 años al haber incurrido en el delito de porte ilegal de armas de fuego.
“Si ingresan antes de dicho plazo deberán cumplir la pena privativa de libertad de forma efectiva, es decir, con la cárcel”, aclaró la jueza chilena Peña.
Por su parte y después de conocer la sentencia, el ministro de Justicia, Hector Arce Zaconeta, dijo que Bolivia recurrirá al pacto de Bogotá para exigir una investigación y calificó de “absolutamente soberbio” el fallo emitido.
Al respecto, el Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, indicó que desde el inicio se supo que el caso de los bolivianos detenidos era la crónica de una condena anunciada. Una injusticia contra seres humanos inocentes y una mancha imborrable en la jurisprudencia penal chilena, sólo sostenible desde el “principio de odiosidad”.
Mire a continuación cómo se dictó la sentencia la tarde de este miércoles.
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