Santa Cruz, 25 de julio de 2024. A dos semanas de la cosecha del maíz cultivado, a las 19:00 de ayer, una turba violenta volvió a avasallar los predios Santa Rita, Santa Rita C y Laguna en el municipio El Puente, en el Norte Integrado de Santa Cruz. Habían pasado solo cuatro horas desde el retiro del resguardo policial que el Gobierno había instalado en el lugar desde el 10 de julio y el mayor temor de los propietarios tras la experiencia del primer avasallamiento se hizo realidad.
“Es de gran preocupación para nuestro sector que continúen estas acciones de parte de estos avasalladores, que se siguen sintiendo impunes al cometer estos hechos delictivos y ponen en zozobra a agricultores que producen alimentos para el país”. Así manifestó el gerente general de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Jaime Hernández, por la indignación de sus afiliados ante este suceso.
El representante de los productores informó que los predios avasallados están en proceso de saneamiento por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA); por ello, el INRA este 10 de julio emitió las medidas precautorias para preservar el derecho propietario, las cuales “establecen claramente que se debe cumplir con el desalojo de las propiedades”. “Pedimos -dijo Hernández- que, en el marco de la normativa vigente y de la ley contra el avasallamiento de tierras, se disponga que la Policía Boliviana actúe nuevamente de forma rápida y oportuna para desalojar a los avasalladores”.
Anapo recurre al compromiso realizado por los ministros de Gobierno, Eduardo del Castillo; de Desarrollo Rural, Santos Condori; y el viceministro de Tierras. En su momento, cada uno aseveró que ya no se permitiría más avasallamientos en el país.
Los predios avasallados cuentan con cultivos de soya, maíz y sorgo. “A dos semanas de la cosecha de maíz, imagínense la desesperación de los productores por el riesgo de toda la inversión que han realizado”, reflexionó el gerente general de Anapo.
En el primer avasallamiento a estas propiedades, ocurrido el pasado 9 de julio, los grupos delincuenciales quemaron una camioneta, robaron otra, robaron 15.000 litros de diésel y agroquímicos, y destrozaron los campamentos. La pérdida tras el ataque ha sido valuada en más de 400.000 dólares y son más 5.000 hectáreas en riesgo. El gerente exclamó que “este tipo de situaciones ya no se pueden seguir tolerando. Exigimos que se tome las medidas para apresar a los cabecillas que, además, tienen orden de aprehensión, y así desmantelar a estos grupos irregulares”.
De la primera invasión, al menos 10 trabajadores quedaron heridos y recurrieron a centros médicos. Dos de ellos se sometieron a cirugías reconstructivas de nariz y clavícula. Por ello, ayer, al ver los trabajadores que la Policía se retiraba temieron por sus vidas y aceptaron la instructiva de desalojo que indicaron los propietarios, quienes precautelaron por su seguridad. Asimismo, volvieron a hacer las gestiones necesarias ante la Policía, tanto para saber la razón del retiro del resguardo como para pedir que prosiga la protección ante el riesgo inminente. Pero, hasta el mediodía de este jueves 25, no obtuvieron respuesta.
“Como sector productivo, esperamos señales claras de que el Gobierno brindará seguridad jurídica a las tierras productivas que producen alimentos para el país y cumplirá su compromiso de cero tolerancia con los avasalladores, porque se pone en riesgo la actividad productiva que garantiza la seguridad y soberanía alimentaria para los bolivianos”, aseveró Hernández.
