La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) saluda la instalación de la Comisión de la Verdad por el gobierno boliviano el 21 de agosto de 2017, mediante la posesión de sus cinco miembros en acto público en el Palacio de Gobierno. La Comisión de la Verdad investigará violaciones graves de derechos humanos ocurridas entre 1964 y 1982. La CIDH reconoce los esfuerzos del Estado de Bolivia con el fin de promover el derecho a la verdad en el país, en seguimiento a la recomendación de la CIDH en audiencia pública del 154 Periodo de Sesiones, en marzo del 2015.
La creación de la Comisión de la Verdad fue establecida por la Ley 879 del 23 de diciembre de 2016, “para esclarecer los asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y violencia sexual, entendidas como violaciones graves de derechos humanos, fundados en motivos políticos e ideológicos, acontecidos en Bolivia del 4 de noviembre de 1964 al 10 de octubre de 1982”, periodo en que distintos gobiernos militares incurrieron en graves violaciones a los derechos humanos. Tras la posesión de sus cinco miembros –Nila Heredia; Édgar “Huracán” Ramírez; Eusebio Gironda; Isabel Vizcarra y Teodoro Barrientos – la Comisión de la Verdad tendrá dos años para realizar sus investigaciones y presentar su informe final. Tras intensa movilización de asociaciones de familiares de víctimas y otras organizaciones de la sociedad civil, el acto de posesión fue realizado en el día del aniversario 46 del golpe que inauguró la dictadura de Hugo Banzer Suárez.
“La creación de la Comisión de la Verdad es un paso fundamental para la promoción de la Memoria, Verdad y Justicia en Bolivia y en la región”, celebró el Comisionado Vannuchi, Relator para la Unidad sobre Memoria, Verdad y Justicia y Relator país para Bolivia de la CIDH. “Es fundamental que el Estado asegure las condiciones para el pleno cumplimiento de sus funciones, así como para que avance en el sentido de perfeccionar los mecanismos de reparación a víctimas y de promover la justicia respecto a los agentes responsables por graves violaciones a los derechos humanos”, agregó. La CIDH hace un llamado a los otros países de la región para que sigan haciendo esfuerzos en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia del derecho a la verdad.
El Estado ha emprendido esfuerzos anteriores para promover la verdad y la memoria de las graves violaciones de derechos humanos, generalizadas y sistemáticas, que ocurrieron en el periodo entre 1964 y 1982. El Estado creó, en 1982, la Comisión Nacional de Investigación de Desaparecidos Forzados de Bolivia. Sin embargo, ésta fue disuelta en 1984 sin concluir sus labores o completar su informe final. Asimismo, el Consejo Interinstitucional para el Esclarecimiento de Desapariciones Forzadas (CIEDEF), creado en 2003, si bien fue responsable por hallazgos de restos óseos de desaparecidos, produjo pocos avances en materia de identificación de los cuerpos. En ese sentido, la CIDH ve la creación de la Comisión de la Verdad como una importante medida para promover el derecho a la verdad respecto a graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en el país. La CIDH destaca que la Comisión de la Verdad no se restringirá a las desapariciones forzadas, sino que también investigará otras violaciones a los derechos humanos. La Comisión también fue informada que el 30 de agosto el gobierno anunció que está preparando un decreto para la asignación de presupuesto, un paso necesario para la efectividad de las labores de la Comisión de la Verdad. La CIDH insta al Estado a que asegure las condiciones políticas, institucionales y presupuestarias para el pleno cumplimiento de sus funciones; asimismo, la CIDH resalta que la Comisión de la Verdad debe actuar de manera independiente respecto al gobierno u otros poderes estatales.
Por otro lado, la Ley 879 prevé la desclasificación de documentos militares, policiales y de otro tipo cuyo acceso se encuentre restringido. Desde el año pasado, la Cancillería empezó el proceso de desclasificación, un paso que debe ser seguido por otros órganos del Estado. La CIDH destaca el anuncio de las Fuerzas Armadas de abrir sus archivos a la Comisión de la Verdad y permitir el ingreso del órgano a los recintos militares, emitido el 28 de agosto de 2017. La CIDH insta al Estado a asegurar, de conformidad con los estándares interamericanos en la materia, la desclasificación de los archivos por los diferentes órganos y el acceso sin restricciones de la Comisión de la Verdad, de los familiares de las víctimas y de la sociedad en su conjunto.
La CIDH resalta que, además de las condiciones necesarias para su funcionamiento, el impacto de una Comisión de la Verdad depende de la amplia divulgación de sus hallazgos y de la implementación de sus recomendaciones. Conforme a la jurisprudencia del Sistema Interamericano, si bien las Comisiones de la Verdad contribuyen a la reconstrucción del tejido social, no sustituyen la obligación del Estado de establecer la verdad a través de procesos judiciales y de promover la justicia respecto a los responsables por graves violaciones a los derechos humanos. La CIDH urge al Estado que cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de Memoria, Verdad y Justicia de manera integral.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
