Paraguay

Santiago Peña, presidente de Paraguay, durante la crisis política y financiera de noviembre de 2026.

El mandatario paraguayo llegó a esta situación después de que el Banco Central ordenara intervenir Ueno Bank, una entidad financiera que había crecido rápidamente y que mantenía vínculos empresariales anteriores con Peña. La decisión dejó a millones de clientes sin acceso inmediato a sus cuentas y abrió interrogantes sobre el control del sistema bancario, los depósitos estatales y la responsabilidad de las autoridades.

La crisis se convirtió en un problema político cuando las acusaciones contra el presidente llegaron al Congreso. La Cámara de Diputados aprobó el juicio político con 78 votos el 5 de noviembre y, ese mismo día, Peña presentó su renuncia. Sin embargo, el Parlamento no dio curso a su salida y el Senado continuó con el procedimiento para determinar si corresponde destituirlo.

Ueno Bank y el origen de la crisis

Ueno Bank pasó de ser una financiera a convertirse en una entidad con una presencia importante en Paraguay. Llegó a tener clientes equivalentes a más del 60% de la población adulta, según la agencia Associated Press.

Pero la expansión del banco quedó bajo cuestionamiento por sus prácticas crediticias. Los inspectores detectaron préstamos de riesgo a empresas relacionadas con sus propietarios, documentación insuficiente y activos que habían sido contabilizados incorrectamente. Después de corregir los estados financieros, el capital del banco quedó por debajo de la mitad del mínimo legal exigido. El Banco Central ordenó entonces su intervención y el inicio del proceso de resolución de la entidad.

El impacto fue inmediato, los clientes sin acceso a sus cuentas, preocupación por los ahorros, trabajadores afectados por la suspensión de operaciones y protestas contra el Gobierno en Asunción y otras ciudades.

La crisis también alcanzó a los recursos públicos. Ueno Bank mantenía aproximadamente 800 millones de dólares en depósitos estatales, cerca de una cuarta parte de sus depósitos totales, incluidos fondos vinculados al sistema de pensiones y a entidades públicas.

¿Por qué responsabilizan a Santiago Peña?

El cuestionamiento político no sostiene únicamente que el banco quebró. El punto central es si existieron conflictos de intereses y fallas de supervisión que permitieron que una entidad vinculada al entorno empresarial del presidente creciera y recibiera importantes depósitos públicos sin controles suficientes.

La acusación presentada ante el Congreso incluye cuatro aspectos:

• Los vínculos empresariales: Peña tuvo acciones en Ueno Holding, un conglomerado relacionado con el banco, y se desprendió de ellas en marzo de 2025.

• La autoridad supervisora: nombró a Carlos Carvallo, quien había presidido Financiera Ueno, como titular del Banco Central, institución encargada de supervisar el sistema financiero.

• La normativa sobre conflictos de intereses: los acusadores cuestionan modificaciones legales promovidas durante su Gobierno.

• Los fondos públicos: el expediente señala que recursos del Instituto de Previsión Social (IPS) se concentraron en Ueno Bank por encima de los límites que, según los legisladores, establece la normativa.

Estos señalamientos forman parte de una acusación política y de investigaciones en curso. No equivalen a una declaración judicial de culpabilidad de Peña. La Fiscalía abrió investigaciones para examinar la supervisión de la entidad, el manejo de su crisis y la colocación de recursos públicos.

¿Por qué presentó su renuncia?

La renuncia llegó cuando el presidente quedó políticamente acorralado. El juicio político había avanzado, las protestas aumentaban y el caso Ueno había provocado una ruptura con sectores de su propio Partido Colorado, que había respaldado su Gobierno.

Peña justificó públicamente su decisión en la necesidad de preservar la estabilidad del país, la paz social y las instituciones democráticas. También pidió disculpas a la ciudadanía por si había defraudado su confianza, aunque no reconoció responsabilidad directa por la crisis financiera.

Hay, además, una dimensión política y judicial importante: legisladores opositores sostuvieron que permitirle renunciar podía facilitarle el acceso a un escaño de senador vitalicio y a las protecciones jurídicas asociadas a esa condición. Por eso defendieron que el juicio político continuara, en lugar de cerrar el caso con una dimisión.

Por tanto, no corresponde afirmar que Peña renunció porque ya se hubiera demostrado su culpabilidad. La dimisión se produjo en medio de una crisis financiera, una pérdida de respaldo político y el riesgo de ser destituido. La intención que lo llevó a elegir ese momento no puede establecerse con certeza solo a partir de los hechos conocidos.

¿Por qué sigue siendo presidente si renunció?

Porque su renuncia no fue aceptada formalmente. La sesión convocada para tratar su dimisión quedó sin quórum, mientras el proceso de juicio político avanzaba por otra vía. El Parlamento optó por continuar el procedimiento que puede terminar en su destitución.

El artículo 225 de la Constitución paraguaya establece que la Cámara de Diputados formula la acusación y que el Senado juzga al presidente. Para declarar su culpabilidad se requiere una mayoría de dos tercios.

Eso significa que Peña todavía no ha sido destituido y continúa formalmente en el cargo, aunque su permanencia depende del desenlace político y constitucional.

Las 72 horas que reclama para defenderse

El viernes 6 de noviembre, Peña pidió tres días adicionales para preparar su defensa. Aseguró que recibió la acusación a las 22:15 del jueves, con un documento de 15 páginas y cerca de 300 folios de anexos, y que debía responder en menos de 12 horas.

“Eso no es debido proceso”, reclamó, al sostener que necesita tiempo para estudiar los documentos, organizar sus argumentos y contar con asistencia legal. El presidente del Senado señaló que consultaría con los líderes de las bancadas sobre el pedido.

La solicitud no anula el juicio político ni resuelve las acusaciones. Abre una discusión sobre las garantías de defensa dentro de un procedimiento que puede apartar al jefe de Estado.

¿Qué está en juego para Paraguay?

La crisis tiene tres dimensiones que van más allá del futuro personal de Peña. La primera es financiera: recuperar los depósitos y establecer qué ocurrió con los recursos de clientes y organismos públicos. La segunda es judicial: determinar si los directivos del banco y las autoridades incurrieron en irregularidades. La tercera es institucional: establecer si el Gobierno protegió adecuadamente el interés público y si el presidente debe continuar en el cargo.

La agencia Associated Press informó que las autoridades iniciaron el mecanismo de devolución de depósitos garantizados y que la investigación alcanzó a directivos de la entidad. La magnitud del caso también amenaza empleos y la confianza de los ciudadanos en el sistema bancario.

La pregunta de fondo es quién debe responder por el dinero comprometido y por qué los controles no evitaron el colapso. El juicio político definirá la responsabilidad política del presidente; las investigaciones deberán establecer, con pruebas, las responsabilidades penales que correspondan.

Paraguay no enfrenta únicamente la renuncia de un mandatario. Enfrenta una crisis de confianza en la que se cruzan los intereses financieros, el poder político y los ahorros de millones de ciudadanos. El desenlace de este caso determinará no solo quién gobierna, sino también cómo se rendirán cuentas por la caída de Ueno Bank.