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Mientras la política boliviana se sacudía por la difusión de grabaciones atribuidas al exasesor presidencial Fernando Cerimedo y a personas cercanas al presidente Rodrigo Paz, la primera dama, María Elena “Bibi” Urquidi, llegó el 28 de octubre a Eyiyoquibo, comunidad del pueblo indígena Esse Ejja asentada a orillas del río Beni, en el municipio de San Buenaventura, al norte de La Paz. La visita fue presentada por canales oficiales como una actividad de asistencia a la población. Sin embargo, el 3 de noviembre, los propios dirigentes de la comunidad expresaron su indignación y cuestionaron que la ayuda recibida no respondiera a sus necesidades más urgentes.
“Tenemos ganas de llorar, estamos indignados”, declaró Jhonny Sossa, capitán grande de Eyiyoquibo, en una entrevista con Erbol. Su reclamo no se limitó a la cantidad de regalos entregados, cuestionó que, en una población afectada por la contaminación con mercurio, la comitiva no hubiera llevado médicos, medicamentos ni alimentos, y que tampoco se abordara el problema ambiental que amenaza la salud y la alimentación de sus habitantes.
La secuencia de los acontecimientos merece una investigación. La grabación atribuida a Urquidi y Cerimedo comenzó a circular el lunes 26 de octubre, con referencias a disputas y decisiones relacionadas con el sector de hidrocarburos. El 28 de octubre, el mismo día de la visita a Eyiyoquibo, se difundió otro audio atribuido a Catalina Paz, hija del presidente, y a Cerimedo, en el que se habla presuntamente de la conformación del equipo de Comunicación del Gobierno y de designaciones de funcionarios. En ese contexto, las publicaciones oficiales sobre la actividad de la primera dama mostraron una faceta de asistencia social del entorno presidencial, mientras las grabaciones alimentaban cuestionamientos sobre su influencia en decisiones gubernamentales.
La coincidencia temporal no demuestra que la visita haya sido organizada para desviar la atención de los audios. Pero sí justifica preguntar cuándo se planificó, quién decidió qué ayuda se llevaría, qué objetivo tenía la actividad y si la estrategia de comunicación del Gobierno cambió después de la difusión de las grabaciones. Para responder esas preguntas se necesitan documentos, registros de agenda, testimonios y una cronología precisa, no solamente la cercanía entre dos hechos.
Una visita oficial y dos versiones sobre la ayuda
Según la información difundida por medios estatales, Urquidi llegó a Eyiyoquibo el 28 de octubre y entregó equipamiento tecnológico para la unidad educativa, además de alimentos, insumos esenciales y otros artículos para las familias. La comitiva estuvo acompañada por personal de seguridad presidencial y efectivos de la Armada Boliviana.
La versión recogida posteriormente por Erbol, sin embargo, puso en duda que la asistencia respondiera a las prioridades de la comunidad. Sossa señaló que entre los artículos entregados había juguetes, ropa, chinelas, televisores y celulares. Aunque esos bienes pueden ser útiles, el dirigente sostuvo que no se atendieron las necesidades fundamentales de la población, alimentación, medicamentos, atención médica y acciones frente a la contaminación del agua y los peces.
La diferencia entre ambas versiones debe aclararse con pruebas. El Gobierno tiene que explicar qué productos fueron trasladados, en qué cantidades, quién los recibió y si existen actas de entrega. También debe precisar si los alimentos e insumos anunciados oficialmente llegaron a Eyiyoquibo y, en caso de que no se hubieran entregado, por qué fueron incluidos en la información difundida públicamente.
La discusión no consiste en descalificar automáticamente cualquier donación ni en afirmar que los regalos carecen de valor. La pregunta es si una actividad presentada como ayuda social respondió a las prioridades expresadas por sus destinatarios y si hubo una respuesta concreta a la emergencia sanitaria y ambiental que enfrenta la comunidad.
El mercurio que no se resuelve con regalos
La indignación de los Esse Ejja tiene un contexto que va mucho más allá de una visita institucional. La pesca es una fuente esencial de alimentación y sustento para las comunidades de la región amazónica. Sin embargo, la contaminación vinculada a la explotación aurífera puede llevar mercurio a los ríos y favorecer su acumulación en los peces, con riesgos para la salud de las personas que los consumen.
Los dirigentes de Eyiyoquibo reclaman que las autoridades no pueden limitar su intervención a entregar bienes materiales mientras persisten las preocupaciones por el agua, la alimentación y la salud. En octubre, la Gobernación de La Paz anunció inspecciones ambientales para verificar la posible contaminación del río Beni y establecer su origen y alcance. La pregunta ahora es qué acciones concretas se ejecutaron, qué resultados existen y qué atención reciben las personas expuestas.
Una respuesta pública seria requiere más que anuncios. Hace falta conocer los resultados de los estudios disponibles, la situación sanitaria de las familias, las medidas de prevención y los compromisos asumidos por las autoridades. También corresponde identificar qué instituciones deben actuar y quién responderá si las inspecciones confirman riesgos que demanden medidas urgentes.
En ese escenario, la visita de la primera dama debía ser una oportunidad para escuchar a la comunidad y conocer sus demandas. El reclamo recogido por Erbol muestra que los dirigentes no consideran suficiente la asistencia que recibieron y que esperan una respuesta institucional sostenida, no una actividad aislada.
Los audios que pusieron bajo presión al entorno presidencial
La controversia por Eyiyoquibo se produjo en una semana marcada por nuevas grabaciones atribuidas a Cerimedo, quien fue presentado públicamente como asesor cercano al presidente. Las conversaciones difundidas en distintos medios y redes sociales abordan presuntamente asuntos relacionados con hidrocarburos, cargos públicos y la conformación de equipos gubernamentales.
El 26 de octubre circuló una grabación atribuida a Bibi Urquidi y Cerimedo, en la que se mencionan asuntos vinculados a hidrocarburos, YPFB y diferencias sobre decisiones y nombramientos. Dos días después se difundió otra grabación atribuida a Catalina Paz y Cerimedo, centrada en presuntas gestiones para conformar el equipo de Comunicación gubernamental y en desacuerdos con el vocero presidencial, José Luis Gálvez.
La difusión de esos materiales provocó nuevas preguntas sobre el papel que Cerimedo habría desempeñado en el entorno del Gobierno y sobre la participación de personas que no necesariamente ocupan cargos públicos. No obstante, el contenido de una grabación difundida en redes no equivale por sí solo a una prueba judicial de los hechos o de las intenciones atribuidas a sus participantes. La autenticidad, la integridad, el contexto y la identificación de las voces deben establecerse mediante procedimientos técnicos y una investigación independiente.
El 28 de octubre, Rodrigo Paz afirmó que la verificación debía quedar en manos de la justicia y aludió a las dificultades para determinar la autenticidad de materiales en tiempos de inteligencia artificial. Al día siguiente, pidió investigar quién filtra o produce los audios. El 31 de octubre, el vocero presidencial José Luis Gálvez enmarcó su difusión en un contexto de conflicto con estructuras criminales y cuestionó que circularan grabaciones sin una fuente identificada.
El 3 de noviembre, Erbol informó que la Fiscalía General había conformado una comisión de fiscales para investigar el caso. Ese mismo día, El País publicó otra grabación atribuida a Cerimedo y al ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, en la que se mencionan presuntas gestiones para asignar cargos a personas vinculadas con legisladores y acusaciones relacionadas con compras. Esas referencias deben tratarse como alegaciones pendientes de verificación y no como hechos judicialmente establecidos.
La sucesión de grabaciones vuelve necesario aclarar no solo quiénes aparecen en ellas y qué dicen, sino también qué relación tenían con las decisiones del Estado, si existieron gestiones efectivas y qué documentos podrían confirmar o desmentir las conversaciones.
¿La visita fue una respuesta política o una actividad planificada con anterioridad?
La cercanía entre la difusión de los audios y la visita de Urquidi permite examinar si hubo una decisión de comunicación destinada a reforzar la imagen social del entorno presidencial en medio de la controversia. Pero la hipótesis no puede presentarse como una conclusión mientras no existan pruebas que la sostengan.
Para establecerlo, es necesario reconstruir la cronología con precisión, cuándo se decidió viajar a Eyiyoquibo, quién organizó la entrega, qué instituciones participaron, qué ayuda estaba prevista inicialmente y cuándo se prepararon y publicaron los contenidos oficiales. También se debe revisar si la actividad figuraba previamente en la agenda presidencial y si hubo cambios en su planificación o difusión después de que los audios comenzaran a circular.
Si los registros muestran que la visita estaba programada antes de la controversia, ese dato debilitaría la hipótesis de una operación improvisada para contrarrestarla, aunque no resolvería por sí solo las preguntas sobre la estrategia comunicacional. Si, por el contrario, aparecieran mensajes, instrucciones o testimonios que vinculen expresamente la actividad con la necesidad de desplazar la atención pública, habría elementos para sostener una conclusión más firme.
La investigación también debe dar espacio a la respuesta de la primera dama y del equipo de Comunicación del Gobierno. ¿Cuál era el objetivo de la visita? ¿Quién determinó el contenido de la ayuda? ¿Por qué la versión oficial sobre los alimentos y los insumos fue cuestionada por los dirigentes? ¿Qué medidas se adoptaron después para atender las demandas de la comunidad? Son preguntas verificables que merecen respuestas públicas.
Lo que el Gobierno todavía debe aclarar
El caso de Eyiyoquibo deja dos asuntos que no deben confundirse, pero que merecen seguimiento.
El primero es la situación de una comunidad indígena que denuncia falta de atención médica, alimentos y respuestas frente a la contaminación por mercurio.
El segundo es la controversia política provocada por audios atribuidos a personas del entorno presidencial y las dudas sobre el alcance de su influencia en decisiones gubernamentales.
No existe, por ahora, evidencia pública suficiente para afirmar que la visita fue organizada como una maniobra para distraer de los audios. Sí existe una cronología que permite preguntar por la planificación de la actividad, la función de la comunicación oficial y la diferencia entre los anuncios gubernamentales y la versión de los dirigentes indígenas.
La prioridad debe ser escuchar a los Esse Ejja y comprobar qué recibieron, qué necesitan y qué respuesta estatal obtendrán. Paralelamente, la Fiscalía debe establecer la autenticidad y el contexto de las grabaciones, investigar las denuncias que correspondan y determinar si hubo conductas ilegales, sin reemplazar las pruebas por especulaciones.
En Eyiyoquibo, los dirigentes ya expresaron su indignación. Ahora corresponde que las instituciones respondan con información verificable y medidas concretas. Porque una visita oficial puede generar fotografías y publicaciones, pero la confianza pública se construye cuando los compromisos se cumplen y las necesidades de una comunidad dejan de esperar.
Fuentes consultadas: Erbol: “Tenemos ganas de llorar”: los Esse Ejja, indignados por la ayuda de la primera dama; Erbol: dos meses de audios bajo sospecha; El Día: audio atribuido a Catalina Paz y Fernando Cerimedo; ANF: Rodrigo Paz pide investigar quién filtra o produce los audios; El País: nuevo supuesto audio de Cerimedo y Justiniano.
