By GOBIERNO NO AUTORIZÓ TRANSMITIR PROCLAMACIÓN DE JEANINE ÁÑEZ
El Gobierno no autorizó que Bolivia TV transmita el lanzamiento de la candidatura a la presidencia de Jeanine Áñez por la alianza Juntos, que se realizó el viernes en un hotel de La Paz, hecho que fue cuestionado por los postulantes de las otras organizaciones políticas.
El ministro de Justicia, Álvaro Coímbra, reveló esa información cuando fue consultado si existía alguna instrucción desde el Ejecutivo para que el medio estatal difunda todo el acto político, a lo que él respondió: “No, no estaba autorizado”.
El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, ratificó esa declaración y sostuvo que la presidenta constitucional Jeanine Áñez instruyó que no se debe transmitir ningún acto político en los medios estatales, por lo que atribuyó que la exministra de Comunicación Roxana Lizárraga lo hizo de forma unilateral y sin consultar.
“La Presidenta instruyó que no se debe transmitir ningún evento político en la televisión de los bolivianos, y una exministra (Roxana Lizárraga) lo hizo. Lo que nosotros queremos y debemos hacer es un cambio radical y separar la gestión de gobierno de la campaña electoral, debe existir una diferencia notoria”, puntualizó la autoridad.
Además, Núñez atribuyó que esa decisión unilateral fue la causante para que Lizárraga sea alejada del cargo. Sin embargo, en contacto con los medios, la exautoridad aseguró que su dimisión era porque no estaba de acuerdo con la candidatura de Áñez, porque traicionó la lucha de la ciudadanía en las calles.
Lizárraga recordó en su carta que la misión del gobierno de transición era convocar a elecciones, nombrar a un nuevo Tribunal Supremo Electoral y manejar con transparencia las instituciones del Estado.
Informe
Por otra parte, Coímbra anunció que el Viceministerio de Transparencia solicitó un informe al Ministerio de Comunicación con el fin de establecer quiénes son los responsables de la difusión de ese acto.
Además, indicó que a partir de ese informe se iniciará un proceso interno y se definirán las posibles sanciones administrativas contra los funcionarios.
La primera autoridad de la nación ratificó que no usará los recursos del país para su campaña proselitista ni utilizará los medios estatales.
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