La polémica Ley de Cumplimiento de Derechos Humanos (ley de impunidad), que impulsa el Movimiento Al Socialismo en el Legislativo, será neutralizada jurídicamente por el Gobierno; la advertencia la hizo el ministro de Justicia, Álvaro Coímbra, quien adelantó que se activarán todos los mecanizamos legales, hasta la consulta constitucional.
“Iremos a los recursos extraordinarios que nos plantea la Constitución Política. Si es necesario, vamos a mandar consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional. No puede ser que en este país nos demos el lujo de beneficiar a un grupo de personas, las leyes tienen carácter general”, afirmó hoy la autoridad gubernamental.
Coímbra ratificó la decisión del Ejecutivo de no promulgar el proyecto de ley que se está tratando en la Cámara de Diputados.
El cuerpo legal fue polémico desde noviembre de 2019, cuando se instaló una mesa de diálogo entre el Gobierno de Jeanine Añez y organizaciones sociales, con el objetivo de buscar la pacificación en el país.
La normativa surgió de la bancada del MAS, durante las negociaciones, inicialmente se buscaba proteger al expresidente Evo Morales y sus allegados de juicios, luego la redacción se modificó.
La norma, que se aprobó en el Senado el pasado viernes, menciona en su artículo 7: “El Estado, a través de sus órganos y sus instituciones competentes, garantizará el pleno ejercicio de los derechos, libertades y garantías constitucionales para los bolivianos y bolivianas, extranjeros y extranjeras residentes en Bolivia, comprendiendo entre estos a los líderes sociales, dirigentes sindicales, dirigentes cívicos y políticos, así como personas movilizados del campo y la ciudad en todo el territorio nacional”.
La presidenta de Senadores, Eva Copa explicó, tras la aprobación, que: “Es importante para nosotros dar cumplimiento a estos acuerdos en torno a poder garantizar que no va a haber persecución política para nuestros dirigentes y liberar a las personas detenidas que no han tenido un debido proceso”.
Coímbra aseguró que todas las personas que cometieron delitos, “en la anterior y en este gobierno”, deberán enfrentar a la justicia. Aseguró que no se permitirá la aprobación del pretendido proyecto de ley del MAS.
