Gobierno y cooperativistas mineros establecieron para este miércoles 17 de agosto como último plazo para definir el futuro del conflicto, que en la pasada semana dejó decenas de heridos en bloqueos carreteros que fueron intervenidos por la Policía.
Los cooperativistas exigen la liberación de 10 de sus compañeros detenidos y el cumplimiento de un pliego de 10 puntos, mientras el Ejecutivo anunció para esa misma fecha la entrega de una respuesta oficial a sus demandas.
Entre sus demandas, los cooperativistas piden la modificación de los artículos 132 y 151 de la Ley de Minería y Metalurgia para suscribir contratos de asociación con firmas privadas, lo que el Gobierno rechaza por considerar que vulnera la Constitución Política del estado (CPE).
Por su parte, El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó que la demanda de liberación de los 10 detenidos no será un tema de negociación. “Advertimos que hay punto muy complejo y que no se puede atender porque choca con la Constitución, es la prerrogativa de entregar las áreas mineras de la cooperativas a empresas privadas”, dijo ayer el ministro de Gobierno.
En el curso de los últimos días, el defensor del Pueblo imploró al Gobierno y a los cooperativistas para que no haya nuevas medidas de presión entre mineros y policías y que el diálogo se lleve en condiciones de reciprocidad. “El desafío actual es lograr que no haya más bloqueos y evitar un futuros enfrentamientos”, expresó.
