«Grietas en el sistema» mapeó cómo Rusia, China e Irán combinan diplomacia económica, infraestructura y finanzas con redes criminales transnacionales para expandir su influencia en América Latina.
La Paz, 27 de agosto de 2026. La Fundación Milenio presentó este jueves el informe «Un campo minado: economías ilícitas, captura institucional y erosión del tejido social», elaborado por los investigadores Henry Oporto y Ricardo Calla, junto con el estudio regional «Grietas en el sistema: una evaluación de la vulnerabilidad a la captura autoritaria en América Latina», de la organización europea Centro de Estudios de la Democracia (CSD) y la Fundación Milenio.
«Grietas en el sistema» da continuidad al informe Shadow Alliances (2025) del CSD, que mapeó cómo Rusia, China e Irán combinan diplomacia económica, infraestructura y finanzas con redes criminales transnacionales para expandir su influencia en América Latina. El nuevo estudio avanza del mapeo de la influencia a la medición de la vulnerabilidad: construye un índice que abarca 24 países en tres momentos de referencia (2021, 2023 y 2025) sobre cuatro pilares —fragilidad institucional, restricción del espacio cívico, penetración criminal y exposición externa— y profundiza en cinco estudios de caso: México, Colombia, Bolivia, Argentina y Venezuela. La investigación fue coordinada por el CSD con la Fundación Milenio (Bolivia), ICESI University (Colombia), George Mason University (Estados Unidos), la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (Argentina) y Transparencia Venezuela.
Bolivia: un Estado capturado
El documento centrado en Bolivia advierte que el país es especialmente vulnerable a la convergencia entre poder autoritario y la criminalidad que trasciende las fronteras nacionales. Durante las últimas dos décadas (2006-2025), señalan los autores, la economía política de los mercados ilícitos —narcotráfico, minería ilegal del oro, contrabando, lavado de dinero y tráfico de armas— se expandió al amparo de un Estado capturado por facciones político-partidarias, grupos sindicales e intereses corporativos influyentes en los poderes locales, el tejido social y las instituciones que deben combatir el delito y proteger la seguridad ciudadana. Este “sistema de gobernanza autoritaria, criminalidad y corrupción” dejó un saldo de al menos 17 clanes narcotraficantes identificados por las autoridades en 2025, los escándalos de los «narcogenerales» en la Policía y un sistema de justicia sometido al poder político y penetrado por redes de corrupción. El informe recuerda además que Bolivia reingresó en junio de 2025 a la «lista gris» del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) por deficiencias en la lucha contra el lavado de activos.
«Grietas en el sistema» coincide con ese diagnóstico: para Bolivia identifica un patrón de instituciones que existen «en el papel» —requisitos de ratificación legislativa, una Unidad de Investigación Financiera, un organismo regulador del comercio de minerales— pero que en la práctica carecen de capacidad efectiva por la presión política, la falta de recursos y la precariedad institucional. Sus recomendaciones apuntan, precisamente, a dotar a esos mecanismos ya existentes de capacidad real y de consecuencias de aplicación efectiva, en lugar de crear nuevas estructuras sobre el papel.
«No basta con describir el elefante en la habitación que son las economías ilícitas en Bolivia. El país necesita una Policía profesional y despolitizada, una justicia independiente y una Unidad de Investigación Financiera con autonomía real; sin esas tres reformas, ninguna estrategia de seguridad pública será efectiva y sostenible», afirmó Henry Oporto, director de la Fundación Milenio.
Reconstruir la institucionalidad
En la misma línea, el informe de Oporto y Calla propone una “estrategia democrática de seguridad pública”, con una hoja de ruta de reforma institucional, organizada en cuatro ejes: la profesionalización y despolitización de la Policía Boliviana, incluida una nueva política carcelaria; la regeneración del sistema judicial y del Ministerio Público a través de un «Pacto Nacional por la Justicia» que garantice su independencia; el fortalecimiento de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y de los mecanismos de rastreo del lavado de dinero, en línea con las recomendaciones del GAFILAT; y la aprobación de una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de una Ley de Contrataciones Estatales, normas que Bolivia es de los pocos países de la región que todavía no tiene.
«La ventana de oportunidad de un nuevo ciclo político boliviano no se aprovechará solo con más cooperación internacional o más detenciones espectaculares. Se aprovechará si el país logra consolidar el Estado de derecho y cierra por fin las brechas de transparencia y gobernanza que durante veinte años sirvieron para encubrir la captura del Estado», agregó Oporto.
El informe también analiza la reapertura de la cooperación antidrogas con Estados Unidos, la Unión Europea y países vecinos tras el retorno de la DEA a Bolivia, y advierte sobre los dilemas de soberanía que plantea esa nueva etapa de colaboración hemisférica.
«Un campo minado» se presenta junto con «Grietas en el sistema», el informe regional del CSD y la Fundación Milenio, y se enmarca en la Serie Análisis de la Fundación Milenio.
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— RC noticias (@rcbolivia) August 29, 2026
