El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, controlado por el chavismo, decidió tomar el control de la Asamblea Nacional, medida que es considerada por la Organización de Estados Americanos (OEA) como un “auto golpe de Estado”. El Gobierno de Perú decidió retirar a su embajador y el de Bolivia todavía no se pronunció.
En un duro comunicado, el secretario General de la OEA, Luis Almagro, sostuvo «aquello que hemos advertido lamentablemente se ha concretado» a tiempo de denunciar «el auto-golpe de Estado perpetrado por el régimen venezolano contra la Asamblea Nacional”, que es la instancia legislativa venezolana.
El Tribunal de Justicia despojó de sus inmunidades parlamentarias a los diputados de la Asamblea Nacional y asume el control de dicho Poder del Estado, en un procedimiento que es prácticamente el cierre de esta institución, con lo que el Gobierno de Nicolás Maduro procede a controlar nuevamente todos los poderes estatales.
«Es un golpe de Estado, y quiero que el mundo nos ayude y los medios nos ayuden a decirlo con todas sus letras: en Venezuela Nicolás Maduro dio un golpe de Estado», dijo por su parte el presidente del legislativo Julio Borges. «Frente a ese golpe de Estado», la Cámara desconoce al máximo tribunal del país debido a que sus magistrados fueron elegidos «para gobernar fuera de la Constitución», dijo.
El Tribunal de Justicia argumenta que había un «desacato» en el Congreso y declara la inconstitucionalidad de los acuerdos legislativos.
El miércoles en la noche emitió otro fallo que declara la “situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional”. En uno de sus numerales indica «se advierte que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho».
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