Potosí, noviembre de 2025. Después de 16 años de un rumbo errático en la política de explotación del litio, con inversiones fallidas de más de 900 millones de dólares, la Fundación Milenio considera imperioso dar un viraje sustancial en la estrategia para el aprovechamiento de los recursos de las salmueras del país. Con ese propósito, el think tank boliviano ha publicado el libro “Bases de una política nacional del litio y salares”, que incluye un Anteproyecto de Ley de litio y recursos evaporíticos, el cual ha sido presentado el día de hoy en Potosí, a un público de especialistas, empresarios, profesionales y medios de comunicación.
La visión estratégica que propone la Fundación Milenio es transformar a Bolivia en un gran productor mundial de carbonato e hidróxido de litio y un proveedor competitivo, seguro y confiable, participando en las cadenas de suministro de baterías y vehículos eléctricos y en el proceso de agregación de valor de esta industrial global. La piedra angular de esta nueva estrategia es la apertura a la inversión extranjera y la participación del sector privado en toda la cadena productiva, superando el monopolio estatal en la minería del litio que tanto perjuicio ha ocasionado.
El director de Milenio, Henry Oporto, sostiene que los salares bolivianos albergan los mayores recursos de litio del mundo, estimados en 23 millones de toneladas. Sin embargo, Bolivia no tiene reservas probadas, ya que no ha avanzado en la exploración ni en estudios necesarios para certificar cuánto de su litio puede ser extraído de forma económica y con tecnologías apropiadas y sostenibles. A ello se añade el fracaso del proyecto estatista y nacionalista del MAS, que ha dejado a Bolivia fuera del mercado del litio, mientras países vecinos como Chile, Argentina y Brasil, se posicionan como grandes productores y se insertan en la cadena de suministro de baterías y vehículos eléctricos.
Según Oporto, “la explotación del litio boliviano está encallada, atrapada por escollos y palos en la rueda. Para desatar este nudo, el primer paso es identificar con claridad cuáles son los cuellos de botella. También es preciso dar un golpe de timón en la manera cómo se han venido haciendo las cosas. De lo contrario Bolivia perderá la oportunidad de jugar un rol destacado en la transición energética y el avance de la electromovilidad y, por tanto, de acometer sus propios retos de modernización, como la inserción en la economía del conocimiento y la transformación tecnológica que remodela el mundo”, agrega.
La hoja de ruta de Milenio para relanzar la industria del litio consiste, en una primera etapa (entre 5 a 7 años), en producir 80.000 Tn/año de carbonato e hidróxido de litio, con la instalación de 4 plantas industriales, lo que demandaría inversiones extranjeras directas por USD 4.000 millones y el empleo de nuevas tecnologías de extracción directa (EDL). Simultáneamente, y optimizando los métodos de producción en las plantas de YLB de carbonato de litio y de cloruro de potasio, se plantea producir otras 20.000 a 25.000 Tn/año de carbonato de litio, y de 350 Tn/año de cloruro de potasio. Para ello, YLB tendría que suscribir contratos con socios extranjeros que aporten capital (entre 500 y 1.000 millones de USD), además de capacidad gerencial y tecnologías eficientes, incluidos procesos híbridos de extracción y refinación, combinando las tecnologías EDL con métodos de evaporación.
En una segunda etapa, la meta es expandir la producción hasta 200.000 Tn/año, lo que requerirá la instalación de otras 4 a 5 plantas industriales adicionales.
Ley del litio
Bolivia carece de una ley del litio y recursos evaporíticos. La norma actualmente vigente es la ley de creación de la estatal Yacimientos Bolivianos de Litio (YLB), que, además, de insuficiente para regular las actividades de extracción de litio y transformación de sus derivados, implanta el monopolio estatal y otras absurdas trabas legales y burocráticas para las inversiones, la iniciativa privada y talento emprendedor de los bolivianos.
La propuesta legislativa de Milenio busca llenar ese vacío normativo, estableciendo un nuevo modelo de gobernanza para el acceso, uso y aprovechamiento de los recursos evaporíticos, con reglas claras y estables y procedimientos transparentes que den seguridad jurídica a los inversionistas y precautelan la sostenibilidad ambiental en las operaciones mineras.
El proyecto de ley sienta las bases de un ecosistema científico, tecnológico e industrial con la participación de las empresas, las universidades y otros centros de investigación públicos y privados y que apunta a crear una masa crítica de conocimientos y recursos humanos alrededor de la extracción, refinación y transformación de los recursos de los salares. También reconvierte YLB en una sociedad anónima mixta con participación accionaria de fondos verdes y otros inversores institucionales y privados, de manera tal que la nueva compañía nacional cuente con un gobierno corporativo fuerte, competente, eficiente y protegido de la intromisión política.
Oporto argumenta que, hasta aquí, el país ha tropezado con la dificultad de consensuar los objetivos y metas de una política viable y legítima en materia de recursos evaporíticos, lo que ha provocado discontinuidad en los objetivos y estrategias, idas y venidas, conflictos sin fin que entorpecen e impiden el despertar del gigante dormido.
“Esto tiene que mudar. Todos esperamos que el cambio político que está en curso pueda favorecer un consenso nacional sobre cómo desarrollar una industria del litio vigorosa y viable. Si queremos poner a Bolivia en la carrera del oro blanco, es imprescindible una política de Estado cuyos lineamientos básicos permanezcan más allá de los cambios de gobierno”. Nuestra propuesta -asevera el investigador-, aporta una herramienta técnica y política para alentar y facilitar el diálogo, el debate informado y la construcción de acuerdos y entendimientos que hagan posible que el sueño del litio pueda, por fin, hacerse realidad.
