Más de 60 organizaciones campesinas, sindicales, mineras y sociales de varias provincias de La Paz firmaron un voto resolutivo declarando estado de emergencia en defensa de SOBOCE, rechazando el accionar del Procurador del Estado, Ricardo Condori, a quien acusan de vulnerar su deber de imparcialidad al alinearse con una de las partes en un proceso privado, excediendo sus funciones y afectando la independencia del Poder Judicial.
Abril, 2025. Una contundente muestra de respaldo a la Sociedad Boliviana de Cemento (SOBOCE) se hizo sentir en La Paz. Más de 60 organizaciones campesinas, sindicales, mineras y sociales de las provincias Ingavi, Aroma, Loayza y Pacajes, junto a cooperativas, sindicatos de transporte y trabajadores de la empresa, firmaron un voto resolutivo conjunto en defensa de SOBOCE ante lo que consideran un atropello a la justicia y un acto de parcialización por parte de la Procuraduría General del Estado.
El documento, firmado el 23 de abril, declara el “estado de emergencia permanente” de todas las organizaciones firmantes, en rechazo a la actitud del Procurador del Estado, Ricardo Condori, quien, se habría alineado públicamente con una de las partes en un proceso entre dos empresas privadas, sobrepasando sus funciones y facultades y además vulnerando su deber de imparcialidad. Esta actuación no solo excede sus competencias legales, sino que constituye una forma de usurpación de funciones que atenta contra la independencia propia y absoluta del Poder Judicial. El Procurador no puede determinar qué se permite o no dentro de un proceso judicial, ya que esos límites los define única y exclusivamente la ley.
“El Procurador no puede tomar partido en un proceso entre dos sociedades comerciales ni emitir juicios de valor, conminatorias ni mucho menos amenazas, sin competencia alguna y sin sustento jurídico en un litigio privado. Su rol es velar por el respeto a la legalidad en asuntos que involucren intereses del Estado, no pudiendo velar por el interés político o económico de las partes privadas en conflicto”, señala el voto resolutivo, que exige una retractación pública y advierte con asumir medidas drásticas a nivel regional y nacional si continúa el favoritismo institucional hacia FANCESA y la injerencia en el poder judicial para beneficiar ilegalmente a esa empresa.
La manifestación de apoyo se tradujo también en una masiva movilización ciudadana frente a las puertas de la Procuraduría General del Estado, donde miles de personas protestaron no solo contra la actitud del Procurador, sino también contra el reciente fallo del Tribunal Supremo de Justicia que pretende imponer una multa sin precedentes a SOBOCE, por un monto superior a los 700 millones de bolivianos, en un proceso en el que no se logró probar competencia desleal.
Esta sentencia injustificada e ilegal amenaza con poner en riesgo los empleos directos de más de mil trabajadores de SOBOCE y el sustento de más de 200 mil familias que dependen de la cadena de valor del cemento, desde productores de materias primas hasta proveedores logísticos, transportistas y comercios.
Las organizaciones firmantes reiteraron su respaldo firme e incondicional a SOBOCE y demandaron al Estado actuar con responsabilidad, sin injerencias políticas, y garantizando un proceso justo y transparente.
