A seis años de promulgada la Ley 243 contra el Acoso y violencia política hacia las mujeres en Bolivia todavía se sigue enfrentando problemas con respecto a su cumplimiento. Son mujeres de organizaciones sociales las más afectadas en el acceso a la justicia debido a la ausencia de mecanismos claros sobre los procedimientos y protocolos para la denuncia, tanto en las instancias estatales como en los propios estatutos y reglamentos internos de las organizaciones.
En las organizaciones sociales rurales y urbanas, las mujeres encuentran barreras para el acceso y ascenso a espacios de decisión. Los prejuicios machistas y el acoso político las repliegan a funciones accesorias, desplazándolas de la toma de decisiones e incluso truncando su carrera dirigencial y su subsecuente participación en otros ámbitos de la política.
Es en este marco que el próximo lunes 21 y martes 22 de mayo lideresas de diferentes organizaciones sociales del país se reúnen en La Paz en el encuentro “Por una vida sin violencia” para reflexionar sobre las barreras en el acceso a la justicia y al mismo tiempo socializar la experiencia de cinco organizaciones sociales en la adecuación de sus estatutos y reglamentos internos bajo el paraguas de la Ley 243 que brinda las garantías a las mujeres a la participación política en igualdad de condiciones.
La Ley 243 todavía presenta limitaciones en su implementación en los procesos de construcción de mecanismos de prevención, atención y sanción en otras plataformas, además de los espacios tradicionales de participación política como son la Asamblea Legislativa Plurinacional, Asambleas Departamentales, Gobernaciones y Alcaldías Municipales.
El Comité de mujeres de organizaciones sociales contra el Acoso Político, conformado por mujeres de La Paz, Cobija, Riberalta, Santa Cruz y Sucre, trabaja desde el año 2012 impulsando primero la reglamentación de la norma y posteriormente en la socialización y seguimiento a la implementación de la Ley 243.
“Habernos identificado como mujeres víctimas de violencia apolítica dentro de las diferentes organizaciones a las cuales representamos ya es un paso importante pero más aún ha sido el poder transmitir estas experiencias a otras mujeres de otras organizaciones”, explica Uganda Vedia quien es parte del Comité.
En este contexto, el pasado 2017 el Comité llevó a cabo talleres de socialización de la Ley 243 en cinco ciudades del país y fueron realizados bajo tres objetivos principales:
La socialización de la Ley 243 y su reglamento; la reflexión sobre la importancia de adecuar los Estatutos y Reglamentos internos de las organizaciones sociales en el marco de la norma para establecer mecanismos internos de prevención, atención y sanción y, por último, la elaboración de propuestas para la construcción de protocolos de atención para casos de acoso y violencia hacia las mujeres
La construcción de esta propuesta de protocolo, que incluyó un diagnóstico sobre la situación del acceso a la justicia de mujeres de organizaciones sociales, fue realizada en coordinación con la Dirección general de Prevención y Eliminación de toda forma de violencia del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades (VIO).
El documento final del protocolo fue concluido por el VIO a finales del 2017 y aún está pendiente de aprobación.
Datos relevantes
El estudio realizado a través de estos talleres de socialización, en el que participaron cerca de 90 organizaciones sociales a nivel nacional, mostró la poca confianza que tienen las mujeres en cuanto a garantías de protección en casos de acoso y violencia política.
Según el análisis del estudio, el 82% de mujeres afirma que las instituciones estatales no estarían cumpliendo la garantía de protección.
El trabajo también muestra que tan solo el 14 % de las organizaciones sociales encuestadas tienen un mecanismo interno (reglamentos, estatutos) de prevención y atención en casos de acoso y violencia.
El acceso a la justicia sigue siendo la principal problemática, los datos del estudio mostraron que las mujeres reclaman por la corrupción, discriminación, influencias político-partidarias, falta de recursos, poca transparencia y desconocimiento de la Ley 243 por parte de los funcionarios que reciben denuncias.
“Realmente es una gran pena, pero no se brinda un apoyo con información necesaria (cuando se hacen las denuncias), es más un gasto y la persona que a veces es denunciante es la que no tiene recursos por lo cual sale perdiendo”, indica una dirigente de Sucre.
Según el estudio, con respecto a la denuncia, las mujeres enfrentan problemáticas que van desde la retardación de justicia, burocracia, poco seguimiento, pocos recursos hasta amenazas de los fiscales.
Muchas mujeres indicaron que el personal de las instancias estatales como son la policía, ministerio público y órgano judicial desconocen la Ley 243 y no se especializan en estos campos.
“No, no toman en cuenta los casos de acoso y violencia política, argumentan que no les corresponde a ellos llevar adelante estas cosas, o que no existe una base para hacer la denuncia correspondiente”, comentó una de las participantes desde La Paz.
El estudio señala que los cuestionarios fueron completados por 74 personas que forman parte de organizaciones sociales de Bolivia, de manera individual en cuatro ciudades: La Paz (con organizaciones también de Oruro y El Alto) (25), Cobija (21), Riberalta (12) y Sucre (16). Y de manera grupal en Santa Cruz (3 grupos).
Paralelo a los cuestionarios, se tuvieron sesiones de plenaria en los cuales se recogió la información de propuestas al protocolo de atención y sanción en el marco de la Ley 243 que enfatiza la importancia del trabajo articulado de las instancias señaladas por la ley, asesoramiento adecuado, seguimiento a los casos, y que las denuncias realizadas por organizaciones sociales por acoso y violencia política no sean rechazadas.
El encuentro “Por una vida sin violencia”, es realizado con el apoyo del Programa Urbano de UNITAS y la Fundación Machaqa Amawta, y tiene como objetivo, por un lado, socializar los resultados de este estudio y por otro, las experiencias de las adecuaciones de estatutos y reglamentos de cinco organizaciones sociales:
Mujeres Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia (OMINAB), Comunidad Huancanipampa/Prov Muñecas, Sindicato de Trabajadores/as de la Entidad Municipal de Aseo Tarija (STEMAT), Sindicato de Trabajadores de la Empresa Municipal de Aseo Urbano de Trinidad (EMAUT) y el Sindicato de Trabajadores del Servicio Municipal de Aseo Urbano (SEMASUR) Pando.
Además del Comité de Incidencia para la implementación de la Ley 243 en organizaciones sociales, también estarán presentes la autoridad de la Dirección general de Prevención y Eliminación de toda forma de violencia del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades (VIO), Maysa Ureña, la vicepresidenta del Tribunal Departamental (TDE) de La Paz, Florencia Laruta y la representante de la Asociación de Concejales de La Paz, Susana Lima.
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