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El caso de las maletas con oro continúa generando más preguntas que respuestas.
La madrugada del 22 de julio de 2026, personal de NAABOL detectó, durante un control de rutina en el área de Rayos X del Aeropuerto Internacional Viru Viru, en Santa Cruz, cuatro maletas metálicas, similares a cajas de herramientas, que contenían 77 lingotes de oro con un peso declarado de 189,42 kilogramos. El cargamento iba a ser embarcado en un vuelo chárter con destino a Emiratos Árabes Unidos, teniendo como ruta Bolivia – Brasil – Dubái.
Según el informe preliminar de la Policía, el oro estaba valorado en más de 23 millones de dólares, aunque otros reportes estiman que su valor internacional podría alcanzar los 25 millones de dólares.
La irregularidad que encendió las alarmas
El operativo no comenzó por una denuncia sobre el oro, sino por una inconsistencia en la documentación.
El director de la FELCC de Santa Cruz, coronel Jhonny Coca, explicó que la persona encargada de gestionar la exportación presentó documentos con el sello del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom); sin embargo, al verificar el código QR, el sistema no reconoció la documentación presentada.
Posteriormente, la Policía verificó que el formulario DEX tampoco figuraba en el Sistema Único de Modernización Aduanera (SUMA), situación que motivó la retención inmediata del cargamento.
La investigación busca determinar si se trató de una falsificación documental, una manipulación del sistema o una falla informática.
¿Quién transportaba el oro?
Durante el operativo fue aprehendido Adrián Lemas Roca, un ciudadano boliviano de 22 años, señalado como la persona que realizaba los trámites para la exportación del mineral.
El joven enfrenta una investigación por los presuntos delitos de contrabando, enriquecimiento ilícito con afectación al Estado y comercialización ilegal de recursos minerales.
Sin embargo, conforme avanzan las investigaciones, surge una pregunta inevitable:
¿Era realmente el propietario de un cargamento valuado en más de 23 millones de dólares o solamente cumplía funciones operativas dentro de una estructura mayor?
Cinco personas fueron liberadas y ahora también son investigadas
Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la liberación de cinco personas que inicialmente fueron arrestadas durante el operativo.
Este hecho motivó que el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, ordenara una investigación para establecer quién autorizó esas liberaciones y bajo qué fundamento legal se produjo esa decisión.
La autoridad también solicitó un informe cronológico completo del procedimiento, las actas de requisa, la cadena de custodia del oro y el destino de los teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos incautados durante el operativo.
Asimismo, advirtió que, si se comprueba responsabilidad de funcionarios policiales, estos deberán ser sometidos a investigación interna.
«Vulneraron cinco filtros del Estado»
El caso ha despertado preocupación entre especialistas en seguridad.
El coronel del Ejército en servicio pasivo, abogado y analista Jorge Santistevan, sostuvo que esta operación difícilmente pudo ser ejecutada por una sola persona.
A su juicio, para que casi 190 kilos de oro llegaran hasta la zona de embarque del aeropuerto fue necesario superar al menos cinco filtros estatales, entre ellos los controles de la Aduana Nacional, Senarecom, Senavex, el Banco Central de Bolivia y los sistemas aeroportuarios. Sus declaraciones apuntan a la posible existencia de una estructura organizada detrás del intento de exportación.
Santistevan también cuestionó que un joven de 22 años pueda ser considerado el verdadero dueño de un cargamento de semejante valor.
«Un hombre de 21 o 25 años simplemente es una mula de carga», afirmó al advertir que detrás podría existir una organización criminal.
Las preguntas que aún no tienen respuesta
Aunque el Gobierno confirmó que el cargamento no contaba con un registro válido de Senarecom, todavía existen numerosos aspectos sin esclarecer.
Hasta el momento no se conoce públicamente:
- ¿Quién es el verdadero propietario de los 189,5 kilos de oro?
- ¿Qué empresa financiaba la exportación?
- ¿Cuál era el origen del mineral?
- ¿Proviene de cooperativas, empresas privadas o de actividades de minería ilegal?
- ¿Cómo logró el cargamento ingresar hasta la zona de embarque de un aeropuerto internacional?
- ¿Quién autorizó el ingreso de las maletas?
- ¿Por qué cinco personas inicialmente arrestadas fueron liberadas?
- ¿Qué información contienen los teléfonos celulares incautados?
- ¿Existen otros cargamentos similares que lograron salir del país sin ser detectados?
Otra interrogante: ¿había más oro del reportado?
En las últimas horas surgió una nueva línea de investigación.
El ministro Marco Antonio Oviedo pidió esclarecer versiones que señalan que el cargamento podría haber contenido alrededor de 22 kilos adicionales a los 189,5 kilos inicialmente reportados.
La autoridad solicitó un informe oficial para determinar si realmente existió una diferencia en el peso del oro secuestrado y, de ser así, en qué momento ocurrió esa variación y bajo responsabilidad de quién estuvo la custodia del cargamento.
Un caso que apenas comienza
Lo que empezó como una aparente observación documental en un aeropuerto internacional hoy se perfila como una investigación mucho más amplia.
Si las irregularidades denunciadas se confirman, el caso no solo involucraría un presunto intento de exportación ilegal de oro, sino que también pondría bajo la lupa la eficacia de los controles estatales, la coordinación entre instituciones y la posible actuación de una organización dedicada al comercio ilícito de minerales.
Falta saber:
- ¿Quién es realmente el dueño del oro?
- ¿Cómo opera la ruta del oro boliviano hacia Dubái?
- ¿Qué empresas aparecen en la documentación?
- ¿Qué papel desempeñan las entidades de control?
- ¿Existen antecedentes de operaciones similares que nunca fueron detectadas?
Porque detrás de cuatro maletas retenidas en Viru Viru podría esconderse una historia mucho más grande que un simple decomiso.
