El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce, informó en esta jornada de martes que se solicitó a la Interpol la activación de la notificación azul para dar con el paradero del exministro de Gobierno, Alfredo Rada, contra quien se presentó un requerimiento acusatorio por el caso denominado La Calancha de 2007, hecho donde tres personas fallecieron y más de 500 quedaron heridas.
“Con relación con este mismo caso, en su momento, el Ministerio Público remitió los actuados a la Asamblea Legislativa a fin de lograr la autorización para el juzgamiento del exministro Rada, sin embargo, mediante nota FGE/JLP/Nº 734/2019 se reiteró a la Presidencia de la Asamblea Legislativa la solicitud de que se ponga a conocimiento del pleno el requerimiento acusatorio para la autorización del juzgamiento”, señaló Lanchipa.
La autoridad enfatizó que desde la Fiscalía General del Estado se toman las acciones necesarias para que el caso siga su curso procesal y se determinen responsabilidades, en ese contexto, a fin de lograr el ejercicio del derecho de acceso a la justicia, por parte de las víctimas de los hechos sometidos a investigación, se remitieron los antecedentes del caso a la Fiscalía Departamental de Chuquisaca para el análisis respectivo y permitir el avance del proceso en la vía ordinaria.
En ese mismo contexto, el Fiscal General del Estado, la tarde del pasado lunes recibió la visita de representantes y familiares de las víctimas del caso La Calancha y la Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, Fátima Tardío, espacio en el que se escuchó la posición de las víctimas y se informó sobre el estado actual del proceso así como de todas las acciones y gestiones asumidas por el Ministerio Público a favor de las víctimas.
El objetivo de este encuentro es conseguir justicia y la reparación de los daños de las victimas del caso La Calancha y entre las conclusiones básicas a la que se llegó fue la de coordinar acciones conjuntas entre la Facultad de Derecho en representación de las víctimas y el Ministerio Público, en el ejercicio de la defensa a la sociedad.
