La misma sala de la Audiencia Provincial de Navarra que en abril condenó a nueve años de cárcel a los cinco miembros de La Manada por abusar sexualmente de una joven en los Sanfermines de 2016 decidió este jueves dejarles en libertad hasta que la sentencia sea firme. Los cinco estaban en prisión desde el 7 de julio de 2016 y los jueces podían haber prorrogado esta situación otros dos años y medio. Pero la Sala, con el voto a favor de dos de los tres magistrados que la forman, ha optado por excarcelar a los jóvenes bajo fianza de 6.000 euros. La decisión desencadenó ya este jueves protestas en las calles de Pamplona y Barcelona.
José Ángel Prenda, Alfonso Cabezuelo (militar), Antonio Manuel Guerrero (guardia civil), Jesús Escudero y Ángel Boza, de entre 26 y 29 años, saldrán en libertad en cuanto depositen la fianza de 6.000 euros impuesta por la Sala que el pasado 26 de abril les condenó a nueve años de cárcel. La Audiencia Provincial de Navarra no notificará la decisión a los abogados y las acusaciones hasta este viernes por la mañana, pero un agente judicial se desplazó ya este jueves a los centros penitenciarios (tres están en la cárcel de Pamplona y el militar y el agente en la prisión castrense de Alcalá de Henares, en Madrid) para comunicarles la resolución.
La decisión de dejar en libertad a los jóvenes ha salido adelante con el voto a favor de dos de los tres magistrados que componen la sala: Ricardo González, que ha pedido la libertad de La Manada desde el inicio del procedimiento y en abril redactó un voto particular en el que pedía la absolución de la víctima, y Raquel Fernandino, que votó hace dos meses a favor de condenar a los acusados a nueve años de cárcel pero ahora ha optado por dejarles en libertad. Fernandino se había opuesto a las tres peticiones de libertad que habían formulado hasta ahora las defensas y suscribió el duro relato de hechos que dio por probada la Sala en la sentencia. En esta ocasión, ha decidido sin embargo revocar la prisión provisional, una decisión a la que solo se ha opuesto el presidente de la Sala, José Francisco Cobo.
A cambio de la libertad, la Audiencia les ha impuesto varias medidas cautelares, además de la fianza económica: los condenados tendrán que comparecer todos los lunes, miércoles y viernes en el juzgado de guardia más cercano a su domicilio, tienen prohibido acercarse a la víctima ni entrar en la Comunidad de Madrid (donde reside la joven), se les ha retirado el pasaporte y no pueden salir del territorio nacional sin autorización judicial.
Los cinco condenados permanecían encarcelados desde el 7 de julio de 2016, cuando un juez les envió a prisión horas después de que hubieran sido detenidos como presuntos autores de la violación en grupo de una chica de 19 años durante los Sanfermines. La sentencia dictada por la Audiencia Provincial dio por probado con los jóvenes, miembros de un grupo de amigos que se autodenominaba La Manada, mantuvieron relaciones sexuales con la chica en un portal de Pamplona sin el consentimiento de la víctima, “que se vio sometida”. “Es inocultable que la denunciante se encontró de pronto en un lugar angosto y recóndito, rodeada por cinco varones de edades muy superiores y fuerte complexión que la dejaron impresionada y sin capacidad de reacción”, concluyeron los jueces, que optaron por condenar a los autores por un delito de abuso sexual en vez de agresión, como pedían la Fiscalía y las acusaciones. El fallo desató las protestas de todos los grupos políticos y asociaciones de mujeres.
La ley fija en dos años el plazo máximo que pueden pasar en prisión preventiva los acusados de un delito o los condenados sin sentencia firme. Este plazo se cumplía el próximo 7 de julio, pero, al existir ya una sentencia, se podía prorrogar hasta la mitad de la condena impuesta. Es decir, con una condena de nueve años de cárcel, los jóvenes podían haber estado en prisión preventiva cuatro años y medio, por lo que la medida podía prorrogarse otros dos años y seis meses.
Prolongar la prisión
Esta prórroga es la que pidieron la Fiscalía, la acusación particular y las acusaciones populares ejercidas por el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra en una vista celebrada el pasado lunes en la Audiencia Provincial para analizar la última petición de libertad formulada por las defensas. Según las acusaciones, existe riesgo de fuga y de reiteración delictiva que desaconsejan excarcelar a los cinco condenados. Sus abogados, sin embargo, se amparaban en otros casos recientes con repercusión mediática en los que los tribunales sentenciadores han dejado en libertad provisional a los condenados hasta que la sentencia fuera firme, como Iñaki Urdangarin (condenado en primera instancia a seis años y tres meses) o algunos del caso Gürtel a los que se les han impuesto penas de más de 14 años.
La excarcelación decretada por la Audiencia de Pamplona se puede recurrir ante la misma Sala que ahora ha decidido revocarles la prisión. Más adelante, según fuentes jurídicas consultadas, las acusaciones también podrán pedir la libertad al Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), que actúa como segunda instancia y tiene pendiente decidir sobre los recursos que todas las partes han presentado sobre la sentencia que condenó a los jóvenes. La vista para analizar esos recursos no tiene fecha, pero fuentes del TSJN consideran que no será antes de septiembre. Cuatro de los acusados están además imputados en otro presunto abuso sexual en grupo cometido en Pozoblanco (Córdoba) que todavía está en fase de instrucción.
/EL PAÍS/
