La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó a la gestión del presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, investigar al gobierno del exmandatario Evo Morales por las muertes del caso Rósza para evitar un juicio internacional, según un informe de fondo al que accedió el periódico El Deber y que fue difundido ayer domingo.
En el documento, que era de conocimiento únicamente de la comisión, las partes y el Gobierno (vía la Procuraduría General del Estado), se estableció que en el Hotel Las Américas de la ciudad de Santa Cruz, el 16 de abril de 2009, existieron ejecuciones extrajudiciales y torturas ordenadas por el entonces gobierno de Morales en contra de cinco personas del caso terrorismo.
El informe habría sido aprobado por la CIDH el 21 de diciembre de 2021 y estaría firmado por la entonces presidente, Antonia Urrejola (actual canciller de Chile); la primera vicepresidente, Julissa Mantilla Falcón; la segunda vicepresidente, Flavia Piovesan, y las comisionadas Margarette May Macaulay y Esmeralda Arosemena. Según el artículo 49 del reglamento de la comisión, suscribe la secretaria ejecutiva adjunta, Marisol Blanchard.
Según el diario cruceño, «el informe está en la antesala de la Corte Internacional de Derechos Humanos, que juzgará al estado boliviano, no al gobierno de Evo Morales. Pero, para evitarlo, el país debe cumplir cuatro recomendaciones, entre las que figura un juicio en contra de los responsables por la ejecución extrajudicial. Por lo tanto, el gobierno de Luis Arce tendría en sus manos un juicio en contra del exmandatario y líder de su partido, Evo Morales».
