24 de abril de 2024. Hace al menos 12 años que el ascenso de la producción del zinc motivó a los gobiernos a dar sendos anuncios sobre la puesta en marcha de una refinería para este mineral; sin embargo hoy, cuando los planes recién parecen concretarse -gracias a un financiamiento concreto-, el país ya está frente al declive de la producción de su mina más importante de zinc.
Desde 2006, el aumento de la producción de zinc se suscitó en gran parte como resultado de la producción de la privada Minera San Cristóbal (MSC), que llega a casi medio millón de toneladas métricas finas (TMF) por año. Y desde entonces, las cifras fueron en aumento. En 2022, el valor de las exportaciones de zinc fue de 1.671 millones de dólares.
Con esos números, MSC se convirtió en la principal contribuyente del gobierno, después de YPFB y la primera del sector privado. Gran diferencia con las cero regalías de los cooperativistas y de las empresas chinas dedicadas al oro. A esto se suma el pago de unos 400 millones de dólares/año de aportes provenientes del zinc; frente al del oro que no pasa de los 60 millones de dólares.
El experto en historia de la política minera boliviana Alfredo Zaconeta, en una reciente entrevista con el programa Cabildeo, dirigido por la periodista Amalia Pando, enfatizó que Bolivia necesita una sola planta refinadora de zinc y no dos, porque Bolivia afronta el posible obstáculo de escasez de materia prima.
¿Por qué? Porque la canadiense San Cristóbal Mining Inc., que adquirió todos los activos de MSC en febrero del año pasado, de manos de la japonesa Sumitomo Corporation, se ha propuesto “convertirla en la mayor (mina) productora de plata del mundo”. Es decir, el apogeo de la producción de zinc se acerca de a poco a su fin.
Si bien se presume que las refinerías planificadas por el Gobierno se nutrirán de producción de las minas estatales y cooperativas, existen dudas sobre si habrá suficiente suministro. Esto porque ya en el pasado, se proyectaron dos planes similares -la planta «Lucianita» en Huanuni y la planta de cobre en Coro Coro-, que no lograron operar debido a la poca materia prima. Y si se prevé exigir que empresas como San Cristóbal cedan parte de su producción para abastecer las refinería, eso resulta improbable ya que cuentan con compromisos fijos y firmes de venta al exterior.
Cabe señalar que en principio debía ser solo una planta, en Oruro; pero tras el reclamo de Potosí, el Gobierno decidió levantar otra también en ese departamento. Y, de acuerdo con Zaconeta, la tecnología “obsoleta” que se acordó usar incluso está prohibida en varios países debido a sus altos índices de contaminación.
Además, se estima que el costo de estas plantas será considerablemente mayor que el de las instalaciones que utilizan tecnologías más modernas y menos dañinas para el medio ambiente. «En vez de gastar 150 millones de dólares, los chinos se llevarán 350 millones de dólares por cada planta», afirmó Zaconeta.
