Los cocaleros de Chapare adelantaron que ellos demandarán el cumplimiento de la ley. El Gobierno está buscando diálogo con los productores antes de erradicar
Respeto al cato de coca y erradicación concertada, son los dos ejes del Gobierno para la tarea en las zonas excedentarias de cultivos de coca, así lo hizo conocer Luis Fernando López, ministro de Defensa, a pocas horas de iniciar las tareas de racionalización de coca que deben empezar hoy.
“Parte del protocolo es obviamente acercarse a los productores. Entonces, lo que estamos haciendo es aplicar este protocolo, tratando primero de acercarnos a los productores, conversar con ellos y luego, recién vamos a entrar a un proceso de erradicación”, dijo ayer la autoridad.
Mientras, los campesinos de Chapare exigen como paso previo la desmilitarización de la región para iniciar las negociaciones y las tareas de negociación. El dirigente, Leonardo Loza, afirmó que, hasta ahora, solo vieron el desprecio del Gobierno porque los considera como una zona de narcotraficantes.
“No era necesario militarizar, no era necesario incrementar tanques de guerra ni aumentar soldados, si quieren realizar su trabajo, la Fuerza de Tarea Conjunta, la coca excedentaria; respeten los derechos humanos, la Constitución y la Ley General de la Coca y sólo se dedican a erradicar no es ningún problema, trabajarán”, advirtió el dirigente y dijo que las seis federaciones están alertas al trabajo de las FFAA.
La ley
De acuerdo con la Ley General de la Coca, existen delimitaciones que debía el Gobierno acordar con los cocaleros. En el caso de La Paz, el inciso III del artículo 16 de la norma señala claramente que son tres provincias las que tienen la coca donde no se aplica la erradicación.
“En La Paz, la zona autorizada de producción originaria y ancestral está en parte de las provincias Nor Yungas, Sud Yungas e Inquisivi”.
Más adelante refiere que existe una zona “de producción originaria y ancestral, bajo registro y catastro”. Esta región estaría conformada por las provincias, Pedro Domingo Murillo, Ildefonso de las Muñecas y Franz Tamayo.
La misma ley aclara que la zona de producción originaria y ancestral, así como la zona de producción con registro y catastro, están establecidas y delimitadas mediante ubicación geográfica y coordenadas georeferenciadas, conforme a convenios. Este era el problema con varias comunidades, de La Asunta principalmente, porque los cocaleros denunciaron que el Ministerio de Desarrollo Rural erradicaba en las parcelas de campesinos opositores y dejaba plantar a los que eran adeptos del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Para el caso de Cochabamba, esta ley también define la “zona autorizada de producción bajo registro y catastro”, que están “en parte” de las provincias Chapare, Carrasco y Tiraque. El Gobierno de Evo Morales presentaba estadísticas en las que hacía constar que la mayor parte de erradicación de cocales se realizaba en este departamento.
La meta para el 2019 era la eliminación de 10.000 hectáreas en todo el país; pero por los conflictos nunca se supo qué fue de esa meta.
En Yungas rechazan la Ley General de la Coca, porque consideran una imposición del MAS. Aseguran que esta norma legaliza las 7.000 hectáreas de coca en Chapare y criminaliza la producción que ellos realizan. La ley permite hasta 22.000 hectáreas en el país; de esa cantidad, La Paz tendría hasta 14.300, y Cochabamba 7.700 hectáreas.
Sin cambios
El ministro López adelantó que ellos no tienen planificada ninguna modificación a la ley cocalera por el carácter transitorio del Gobierno y que priorizarán las reuniones para erradicar de forma concertada.
Loza aseguró que existe una ley que no puede ser cambiada a antojo de un Gobierno y que ellos pelearán por esa norma. Esta posición fue rechazada por los cocaleros de Yungas que ya pidieron la abrogación de la Ley 906 (Ley de la Coca). Franklin Gutiérrez, el máximo líder de los cocaleros de Yungas, ya se reunió con el Gobierno de Jeanine Áñez con ese propósito.
