Comunicado
11 de diciembre de 2020
Durante el desarrollo de la presente emergencia sanitaria global, el sector bancario ha estado atento al desarrollo de la misma, con el fin de contribuir positivamente a los graves efectos que el virus del COVID19 ha significado para la economía, los negocios, las finanzas y los niveles de empleo.
En ese sentido debemos decir que, a nivel mundial, la banca ha garantizado la continuidad de sus actividades sin interrupciones, sin dejar de lado los niveles de seguridad que caracterizan a las mismas.
Entendiendo que los clientes y consumidores requieren servicios transaccionales que impliquen la menor cantidad de interrupciones y un mayor distanciamiento social, la disponibilidad de los canales no presenciales ha sido priorizada por parte de las áreas operativas y de tecnología de estas entidades.
De igual forma, el sector bancario, en una tendencia que puede ser catalogada como mundial, ha ejecutado planes e iniciativas para reprogramar las deudas vigentes al momento de inicio de la pandemia, con el fin de ajustar el pago de las mismas a la realidad económica derivada de la misma.
A nivel mundial, se han evidenciado diferentes casos en los cuales el servicio de la deuda se redujo durante periodos acotados en el tiempo, o se generaron congelamientos temporales de las cuotas correspondientes a los planes de pago que inicialmente se pactaron al inicio del periodo de un crédito.
En el caso de América Latina, un sondeo realizado por esta Federación evidenció que en el 82% de los países de la región se realizaron procesos de diferimiento de cuotas de crédito durante los meses de abril y junio.
Estos programas, de naturaleza temporal, han tenido por objeto aliviar el flujo de caja de corto plazo de los clientes, ante las vicisitudes económicas y el ambiente de incertidumbre que ha reinado con una pandemia sin precedentes en la historia económica de los últimos 100 años.
La naturaleza de dichos programas es temporal, y la misma no puede considerarse como una condonación de deuda o una amnistía de los compromisos financieros adquiridos por los clientes. Los pagos realizados por los clientes son una de las múltiples fuentes de liquidez de la banca y, por ende, del sistema financiero en su conjunto. El normal flujo de los mismos, en el sistema de pagos formal, permite que las cadenas de pagos se mantengan, sin afectar las posiciones de liquidez ni generar sobresaltos en el funcionamiento del sistema.
En ese orden de ideas, vale la pena señalar que las reprogramaciones y diferimientos de deuda vigente son un instrumento valioso para funcionar como una herramienta de orden contracíclico ante la actual coyuntura económica. Sin embargo, los mismos deben ser tratados con suma prudencia, con el fin de no sobreestimar sus efectos positivos, y generar consecuencias indeseadas en materia de liquidez, cartera, crédito potencial, provisiones y solvencia.
Sobre el particular hemos observado que, en algunas jurisdicciones, se han presentado normas y proyectos de norma que buscan prolongar estos programas más allá de los tiempos inicialmente estipulados, así como profundizar beneficios para los deudores, en desmedro de la capacidad financiera de las entidades crediticias.
Recientemente ha tenido lugar el caso de Bolivia, país en el cual se presentó un repentino e inesperado cambio en las reglas del juego sobre las reprogramaciones y diferimientos de crédito, con motivo de la expedición del Decreto Supremo 4409, en el cual se modifica la reglamentación sobre los intereses que corresponden al capital diferido con motivo de la emergencia que inició en el pasado mes de marzo. Según las nuevas reglas recientemente promulgadas por el gobierno boliviano, no será posible cobrar intereses corrientes sobre capital insoluto de pago diferido sobre el saldo de crédito diferido, afectando adversamente la posición de todos los acreedores formales y debidamente vigilados por el estado. Adicionalmente, las normas expedidas meses atrás permitían alternativas para darle tratamiento a dichos saldos; hoy, en un abrupto cambio, dichas opciones han sido limitadas, generando restricciones a la capacidad de las entidades crediticias de financiar proyectos productivos y con alto impacto social.
Esta Federación considera que dichos cambios repentinos de ninguna forma contribuyen a preservar la estabilidad financiera, ni a mantener la cadena de pagos programada por el mismo gobierno desde el inicio de la pandemia. Así, las reglas del juego financiero se vulneran, y el sector financiero se somete a incertidumbre normativa sobre el manejo futuro de los contratos de crédito.
Estas medidas afectan, en el mediano plazo, la colocación de nuevo crédito, erosionan las posibilidades de una mayor inclusión financiera, retrasan la tan anhelada reactivación de las economías nacionales, y lanzan mensajes que a nuestro juicio son erróneos, con relación a la debida cultura de pago, la honra de los compromisos financieros adquiridos por parte de los agentes económicos, así como el menoscabo en la autonomía en el manejo de los contratos entre agentes privados.
En otras jurisdicciones se han presentado normas que afectan la posición del crédito vigente, con alta diversidad de medidas y propuestas. FELABAN opina que es necesario que las autoridades consideren la posición técnica que al respecto tengan los jugadores privados, que son quienes cuentan con conocimiento de primera mano de las consecuencias en su actividad. Igualmente, es relevante conocer siempre las posiciones que al respecto tengan otras voces de la institucionalidad económica y financiera, tales como superintendencias, bancos centrales y ministerios de economía y/o finanzas.
La prudencia y buen manejo de las decisiones que se tomen hoy, en materia económica y financiera, serán tanto la base para una recuperación sostenida en el futuro, así como para la superación de los problemas estructurales que afectan el buen funcionamiento de las economías nacionales. En ese sentido, desde FELABAN hacemos un llamado cordial a los gobiernos nacionales a tener en cuenta la evidencia empírica, la experiencia internacional, y los mejores argumentos que la razón aporte en las actuales circunstancias, al momento de diseñar políticas públicas.
