Ante las solicitudes de fiscalización de las obras del programa solicitó considerar su disponibilidad de recursos humanos y presupuestarios. El Contralor advirtió que la auditoria requerida tomará más tiempo porque el programa es sumamente amplio.
“Nos gustaría que (el requerimiento) sea mucho más específico, porque nosotros tenemos muy poco personal. Entonces tratamos de cubrir aquellas obras donde realmente hay riesgo, como abandono o que no se empezó a trabajar”, explicó el contralor general Henry Lucas Ara Pérez.
Señaló que el control a las obras de ese programa se hace en algunos casos por la Unidad de Proyectos Especiales UPRE, o en coordinación con gobiernos regionales. Asegura que constantemente se controlaron los proyectos.
“Es sumamente complejo hacer todo lo que nos piden. No digo que no lo vamos a hacer, pero que nos diga control social qué obra está paralizada o no está concluida”, respondió el Contralor.
En octubre de 2019, la senadora Carmen Eva Gonzales solicitó a la Controlaría realizar una auditoría al programa Bolivia Cambia, Evo Cumple. Dos meses después, esa entidad respondió sin dar detalles que solicitará información del estado de las obras.
El documento denunciaba el “abandono de las obras del Mercado Modelo en el Plan 3.000 de Santa Cruz, con un costo de más de 10 millones de bolivianos”. “En Cochabamba a los dos meses de la inauguración de la unidad educativa María Ayma, el parquet de los pisos de levantó”.
Según la misma denuncia, “en el municipio de Sicaya se construyeron tres escuelas y un sistema de riego. A la fecha, presentan grietas y se caen a pedazos”. Esto pasó a sólo dos años de su inauguración. Esa obra demandó una inversión de 18 millones de bolivianos.
En La Paz, se construyeron 33 unidades educativas. Sobre ellas, el informe técnico de la dirección de Educación del Municipio de La Paz, del 8 de junio de 2019, observa que hubo “trabajos mal ejecutados y uso de materiales de mala calidad”.
En Sucre en la zona de Valle Hermoso se construyó una cancha sintética sobre un embovedado. A la fecha esa obra “ha desaparecido”.
En la carta firmada por Gonzales y miembros de la Plataforma Ciudadana LP, Feliz Pinto y Ronald Muñoz, del 11 de octubre , se acusa al programa impulsado por el entonces presidente de “dañar la imagen de la institución presidencial y afectar la economía”, por interponer y usurpar funciones.
La legisladora recalcó la gran cantidad de dinero que se destinó para ese plan de obras. “Nadie conoce cuánto se ha usado y cuánto no. Tampoco si se han concluido esos proyectos”, cuestionó.
La solicitud fue dirigida a la Contraloría General del Estado, el órgano fiscalizador el buen uso de los recursos y bienes públicos, y se pidió determinar si “los recursos ejecutados en ese programa, de 2.250 millones de dólares, guardan relación con los resultados”.
Además, se requirió que se determinen indicios de responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal para los responsables.
Según los denunciantes, ese programa tiene un funcionamiento ilegal porque tuvo base en las decisiones del expresidente Evo Morales, por determinaciones personales y no institucionales.
Dentro de este programa se manejaron “proyectos especiales de inversión”, en el ámbito municipal, regional y social. Se construyeron coliseos, hoteles, canchas, enlosetados, centros educativos, de salud, mercados, guarderías y muchas obras más.
Según la denuncia, estos proyectos “son tareas comunales”. y no son competencia ni responsabilidad de la primera magistratura y del Presidente.
Datos de ejecución
- Programas Según el reporte fechado el 22 de enero de 2018, ese año se habían ejecutado 8.622 proyectos, con un costo de 2.250 millones de dólares.
- Adjudicaciones Fueron directas. Las obras del programa son adjudicaciones de obras “a parientes de las autoridades del MAS. Ya se ha podido identificar el caso de la familia Arispe”, señala Álvaro Munguía, abogado del diputado Samuel Cruz, denunciante del caso Arispe.
Programa sin definiciones claras y sin coordinación
“Se trabajaba sin ningún tipo de coordinación o intercambio de información con alcaldías o gobernaciones”, señala la impugnación impulsada por la senadora Carmen Gonzales.
Consultada sobre si el programa continuará en la presente gestión, la legisladora explicó que no se debería continuar con el mismo nombre, sino buscar alternativas para realizar ese tipo de obras.
La Contraloría respondió a la carta el 18 de noviembre. “Se solicitará información a la entidad objeto de la denuncia”. Sin embargo hasta ahora no hay más información.
