El exmandatario, escondido en una zona cocalera del centro del país, denuncia que la policía intenta detenerlo con una orden de aprehensión ilegal
Acorralados por las protestas en su contra y abandonados por las fuerzas armadas, la policía e incluso por sus más cercanos colaboradores, el presidente de Bolivia, Evo Morales, y el vicepresidente, Álvaro García Linera, renunciaron este domingo a sus cargos. El jefe del Ejército, Williams Kaliman, había pedido horas antes su dimisión: “Después de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia”. El exmandatario, escondido en una zona cocalera del centro del país, ha denunciado la tarde del domingo que la policía sublevada intenta detenerlo con una orden de aprehensión ilegal. El país sudamericano se enfrenta a un vacío de poder, tras la dimisión de los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado.
“Es mi obligación como presidente indígena y de todos los bolivianos asegurar la paz social», comenzó su mensaje de dimisión el presidente boliviano. «Renuncio para que [Carlos] Mesa y [Luis Fernando] Camacho no sigan maltratando a los familiares de nuestros compañeros, no sigan atacando a los ministros y diputados, para que dejen de maltratar a los más humildes”, dijo Morales. “La lucha no termina aquí. Los humildes, los patriotas, vamos a continuar luchando por la igualdad y la paz. Espero que hayan entendido mi mensaje; Mesa y Camacho, no perjudiquen a los pobres, no le hagan daño al pueblo. Queremos que vuelva la paz social. Grupos oligárquicos conspiraron contra la democracia. Fue un golpe de Estado cívico y policial. Duele mucho lo que ha pasado”, expresó.
Tras la renuncia, elementos no identificados pero acusados de ser seguidores del expresidente protagonizaron varios actos de vandalismo en El Alto y en algunos barrios de La Paz atacando comercios, fábricas y causaron un enorme incendio en un garaje de buses de la capital. Un grupo de encapuchados también tomó la embajada de Venezuela en Bolivia, según informa la agencia France Presse. La turba ha aprovechado la ausencia de la policía, que se sumó a las manifestaciones en contra del Gobierno desde el viernes.
El ambiente de caos y descontrol ha sido denunciado por Evo Morales en sus redes sociales. «Denuncio ante el mundo y el pueblo boliviano que un oficial de la policía anunció públicamente que tiene instrucción de ejecutar una orden de aprehensión ilegal en contra de mi persona; asimismo, grupos violentos asaltaron mi domicilio. Los golpistas destruyen el Estado de Derecho», escribió el exmandatario. Esta información ha sido desmentida por Vladimir Yuri Calderón, comandante nacional de la Policía, quien ha dicho que la orden de captura no existe y que se desconoce el paradero del expresidente.
Horas antes, al presentar su renuncia, el vicepresidente, Álvaro García Linera, hizo un recuento de los logros económicos y sociales del Gobierno durante casi 14 años de mandato. “Hemos levantado Bolivia. El 20 de octubre casi la mitad de los bolivianos votó por nosotros. Fuerzas extrañas y oscuras, desde ese momento, empezaron a conspirar. Quemaron instituciones y sedes sindicales. Formaron bandas paramilitares para intimidar a los campesinos, amenazaron a nuestros compañeros. Fue un golpe de Estado. Yo también renuncio. Siempre le he sido leal al presidente, estoy orgulloso de haber sido el vicepresidente de un indígena y lo acompañaré en las buenas y en las malas”, afirmó el político.
La oposición, liderada por el candidato y expresidente Carlos Mesa, quería que Morales y García Linera se abstuvieran de participar en las nuevas elecciones, así como un acuerdo plural para elegir un Tribunal Electoral creíble. Los responsables de las protestas que convulsionan el país consideraban que la renovación del órgano electoral era insuficiente y pedían renovar todos los poderes del Estado y crear una “junta de gobierno” transitoria, elegida por el pueblo sublevado, que se encargue de los nuevos comicios. El líder de las protestas, Luis Fernando Camacho, pidió este domingo, tras la dimisión del presidente, la conformación de una “junta de gobierno” con el alto mando militar y policial.
El mandatario boliviano ya había cedido este domingo a la presión y había anunciado nuevos comicios, tras 18 días de protestas en las que se pedía la anulación de las elecciones del 20 de octubre en las que fue reelegido. Todo después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) hiciera pública una auditoría del proceso electoral en la que se aseguraba que no se siguieron los procedimientos adecuados y hubo “contundentes” irregularidades, por lo que exigía su anulación. Siguiendo la recomendación de la OEA, Morales anunció —en un mensaje televisado de madrugada— su intención de “renovar la totalidad de vocales del Tribunal Supremo Electoral”. El mandatario insistió en que con su decisión perseguía “bajar toda la tensión” y “pacificar Bolivia”. Sin aparente éxito. La Fiscalía General anunció este domingo una investigación contra los vocales del Tribunal Electoral sospechosos de irregularidades. La presidenta del organismo, María Eugenia Choque Quispe, presentó su dimisión acto seguido.
El jaque mate lo dieron los policías, que se amotinaron hace dos días y dejaron de actuar en las protestas para saldar así viejas cuentas pendientes con el Gobierno, que durante su gestión se inclinó en favor de los militares, con quienes la policía tiene una rivalidad histórica. Un factor clave para decantar la situación a favor de los manifestantes. Durante su mandato, Morales quitó a la institución policial algunas atribuciones, como la administración del sistema de identificación, y prefirió apoyarse en las fuerzas armadas que, sin embargo, no han querido defenderlo en esta crisis.
A partir de ahí, el Gobierno comenzó a caer en dominó y los altos jerarcas del oficialismo renunciaron a sus cargos en masa, empujados por amenazas en las redes sociales y ataques a sus domicilios. El ministro de Minería, César Navarro, cercano colaborador del presidente, renunció el domingo a su cargo después de que una turba quemara su casa en Potosí, que era en ese momento la ciudad más radicalizada en contra de Morales. Lo mismo ocurrió con el también potosino Víctor Borda, presidente de la Cámara de Diputados, que, con su renuncia, dijo, quiere proteger a su hermano que se encuentra retenido por los manifestantes. El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, también anunció el domingo su dimisión a través de un mensaje en Twitter. Antes de ellos, habían renunciado diplomáticos, gobernadores, alcaldes, diputados y otros altos cargos del Estado.
Informe de la OEA
Lo cierto es que el informe de la OEA, aunque preliminar, recoge numerosas irregularidades. Entre otras cosas, en el sistema de transmisión de resultados, que sufrió un apagón cuando anticipaba una segunda vuelta electoral entre el presidente del país y su rival Mesa. Tras el apagón, el recuento concedió una ventaja clara a Morales. Según el análisis de la OEA, los datos se derivaron a un servidor externo no previsto. También observó irregularidades en el recuento.
Morales, que no mencionó el informe de la OEA en su primera comparecencia para anunciar la convocatoria de elecciones, dijo posteriormente, en una entrevista con Radio Panamericana, que el informe fue más “político” que técnico, en busca de darle una salida política al país. “Nunca he pedido ayuda”, dijo, en relación con la posibilidad de que el Tribunal Electoral hubiera cometido fraude a petición suya.
