Por Rilda Paco y Grisseth Salazar
“No pude ver su cara. Solo sentí sus manos. No sé quién fue.”
La frase no es solo un testimonio. Es un límite.
Un límite para la memoria.
Un límite para la justicia.
Un límite para un sistema que exige ver, describir, probar.
En Bolivia, ser mujer con discapacidad no solo significa enfrentar las barreras cotidianas de una sociedad excluyente. Significa, además, vivir con una probabilidad hasta diez veces mayor de sufrir violencia sexual, según alertan organismos internacionales. Pero en el caso de las mujeres ciegas y sordas, esa violencia no solo ocurre con mayor frecuencia: también encuentra menos resistencia para quedar impune.
Porque cuando no puedes ver a tu agresor, la violencia no tiene rostro.
Y cuando nadie entiende tu denuncia, la violencia no tiene voz.
Un problema que crece en silencio
Un estudio realizado en 2024 en 92 municipios del país, titulado “Violencia y discapacidad en niñas y mujeres: una realidad latente”, revela cifras que dibujan una emergencia:
- 21% de niñas y mujeres con discapacidad sufrió violencia sexual
- 15% violencia psicológica
- 14% violencia verbal
Es decir: una de cada cinco ha sido víctima de violencia sexual.
#RCnoticias | Donde la v10l3nc14 no tiene rostro ni voz: Ser mujer con discapacidad en Bolivia: entre la invisibilidad, el silencio y la impunidad. https://t.co/ToUpU1S2DC pic.twitter.com/82wYAhvtHx
— RC noticias (@rcbolivia) April 20, 2026
La organización Humanity & Inclusion advierte que las mujeres con discapacidad en Bolivia tienen hasta diez veces más probabilidades de sufrir violencia sexual que aquellas sin discapacidad. Y siete de cada diez casos ocurren dentro del entorno familiar.
La violencia no es un hecho aislado. Es un patrón.
Como señala un informe de ONU Mujeres, estas mujeres enfrentan una triple discriminación: por su género, por su discapacidad y, en muchos casos, por su identidad indígena.
Invisibles en los datos, visibles en la violencia
Según el Instituto Boliviano de la Ceguera (IBC), en 2024 se registraron 7.328 personas con discapacidad visual, de las cuales 3.366 son mujeres. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil estiman que la cifra real podría alcanzar las 40.000 personas ciegas, y más de 200.000 con algún grado de discapacidad visual.
En cuanto a la comunidad sorda, la Federación Boliviana de Sordos (FEBOS) estima que existen alrededor de 50.000 personas sordas en el país, muchas sin acceso a educación.
Las cifras oficiales son incompletas.
Pero la violencia no lo es.
Cuando la violencia no tiene rostro
Para una mujer ciega, denunciar un abuso puede comenzar con una imposibilidad: describir a alguien que nunca vio.
“No sé quién fue.”
En marzo de 2025, una mujer con discapacidad visual fue víctima de abuso sexual en una casa de acogida en La Paz. El agresor era un hombre que también pernoctaba en el lugar. El hecho ocurrió en un espacio diseñado para proteger.
El caso no solo expuso la vulnerabilidad de las mujeres ciegas. Expuso también una falla estructural: incluso en los lugares seguros, no hay garantías.
Pero el problema va más allá de un caso.
Es cultural.
Es institucional.
Es sistemático.
Cuando la violencia no puede decirse
Para las mujeres sordas, el obstáculo no es identificar al agresor. Es ser entendidas.
La activista Adonai Pinedo Alanes, mujer sorda, lo explica con claridad:
“Existen muchas personas que sufren violencia y no conocen sus derechos. Y si tienen discapacidad auditiva, la situación es más compleja porque las instituciones no tienen personal que hable lengua de señas.”
Según datos de ONU Mujeres, más del 82% de funcionarios públicos reconoce la ausencia de materiales accesibles como Braille o Lengua de Señas Boliviana. Y el 55% afirma no contar con protocolos específicos para atender a personas con discapacidad.
Sin lenguaje, no hay relato.
Sin relato, no hay justicia.
La violencia que se normaliza
Dentro de algunos espacios de la comunidad sorda, la violencia machista adopta formas normalizadas.
Una intérprete de lengua de señas, con más de una década de trabajo, describe relaciones marcadas por el control, el acoso y la posesión:
“Se ha normalizado eso de mandarse fotos íntimas. Muchas chicas creen que es una muestra de amor. Pero los hombres lo usan para decir: ‘Ella siempre va a ser mía’.”
La violencia no solo ocurre. Se justifica.
Y quien cuestiona, queda fuera.
“Si no estás con ellos, te rechazan y te anulan dentro de la comunidad.”
Niñas en riesgo: el peligro que nadie traduce
El riesgo se vuelve aún más grave cuando involucra a menores.
Una madre relata que su hija de 13 años mantenía contacto con un adulto de 23 a través del celular. La respuesta que recibió al buscar ayuda fue desconcertante: “Es cultura sorda”.
Pero no lo es.
Es una relación desigual.
Es violencia.
La falta de comunicación entre padres oyentes e hijas sordas, sumada a la ausencia de educación sexual accesible, crea un escenario donde los agresores operan con facilidad.
WhatsApp, videollamadas, redes sociales: el entorno digital amplifica el riesgo.
Sin supervisión.
Sin traducción.
Sin protección.
El sistema que no responde
Cuando las mujeres con discapacidad logran denunciar, el sistema suele fallar.
“Mi esposo me ha golpeado tres veces… tres veces he ido a denunciar…
pero no han hecho nada…”
Su voz no tiembla. Pero evidencia el abandono.
Otro testimonio refuerza ese patrón:
“¿Cómo vos puedes denunciarle al que te mantiene? Deberías besarle los pies. No te voy a aceptar la denuncia.”
Incluso cuando la denuncia fue aceptada, la fiscal cuestionó el proceso:
“¿Cómo le vas a meter al pobrecito a la cárcel?”
El resultado: el agresor libre. La víctima, revictimizada.
Para las mujeres sordas, la barrera es aún mayor. Sin intérpretes reconocidos legalmente, su acceso a la justicia depende de decisiones arbitrarias.
No es un sistema que falla ocasionalmente.
Es un sistema que no está diseñado para ellas.
Avances que no alcanzan
Existen algunas iniciativas. La Defensoría del Pueblo ha capacitado a personas sordas en derechos y prevención de violencia. También se han impulsado reglamentos para intérpretes en el sistema judicial.
A nivel municipal, Corocoro aprobó un protocolo de atención para mujeres con discapacidad víctimas de violencia.
Pero estos avances son insuficientes frente a la magnitud del problema.
No existe una política nacional integral.
No existe una estrategia sostenida de prevención.
No existe un sistema accesible para todas.
El silencio también es violencia
Adonai lo dice sin rodeos:
“Yo permanecí en silencio mucho tiempo, creyendo que el maltrato era normal.”
Romper ese silencio no depende solo de la voluntad individual. Depende de condiciones estructurales: acceso a información, a lenguaje, a instituciones que respondan.
Hoy, en Bolivia:
Hay mujeres que no pueden ver a sus agresores.
Hay mujeres que no pueden explicar lo que les pasó.
Hay niñas que no saben que están siendo violentadas.
Y hay un sistema que todavía no logra —o no ha decidido— escucharlas.
La violencia no solo se ejerce en el cuerpo.
También se instala en lo que no se ve.
Y en lo que no se oye.
Y mientras eso no cambie, la impunidad seguirá teniendo un lugar seguro.
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