By Día internacional de la diversidad sexual
El 28 de junio se celebra el Día Internacional de la Diversidad Sexual, día en el que se conmemora la lucha por el respeto hacia la orientación sexual e identidad de género y la pluralidad. En muchos países y sociedades aún continúan manteniendo posiciones conservadoras sobre esta realidad y los derechos de la población LGBTI.
El Estado Plurinacional de Bolivia, a partir del mandato constitucional establecido en el Artículo 14, reconoce en su parte dogmática, el derecho fundamental sobre la personalidad y capacidad jurídica, prohibiendo y sancionando toda forma de discriminación fundada entre otros aspectos, a la orientación sexual e identidad de género.
Este reconocimiento constitucional, ha permitido lograr avances importantes en la lucha de las diferentes poblaciones para evitar y erradicar la exclusión, discriminación, racismo y sexismo en la sociedad. De esta manera, el 21 de mayo de 2016, se aprobó la Ley 807 de Identidad de Género, estableciendo el procedimiento para el cambio de nombre propio, dato de sexo e imagen de personas transexuales y transgénero en toda documentación pública y privada vinculada a su identidad, permitiéndoles ejercer de forma plena el derecho a la identidad de género, a través de los reglamentos internos en las diferentes entidades donde la ciudadanía registra sus datos personales.
Al presente el Tribunal Constitucional Plurinacional tiene el mandato de pronunciarse sobre la constitucionalidad de la Ley 807, importante para el avance, vigencia y ejercicio de los derechos humanos de las personas transexuales y transgénero.
Es importante, que en la redacción del Código del Sistema Penal, se discuta la inclusión de un tipo penal referente a los crímenes de odio, destinado a sancionar conductas discriminatorias hacia la población LGTBI y otros grupos poblacionales.
Uno de los desafíos más materiales y trascendentales será la regulación del acuerdo de vida en familia como una realidad que necesita ser atendida, considerando las consecuencias de carácter legal tanto en lo patrimonial, sucesorio como de la seguridad social; de la misma forma, la garantía de permitir el normal ejercicio de derechos como el acceso al trabajo, salud, educación y vivienda.
Toda lucha social que trasciende a una sociedad política y jurídicamente organizada, tiene como resultado una mejor convivencia bajo los principios de igualdad, equidad y armonía, bajo criterios de pluralismo y diversidad.
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