Una verificación realizada, a fines de abril pasado, por personal de la Defensoría del Pueblo en el Hospital de San Borja, “Dr. José Eduardo Olmos Maeda”, en el Beni, identificó que no cumple con los requerimientos mínimos de un centro hospitalario de segundo nivel, debido a que funciona en deficientes condiciones de infraestructura, con personal, equipamiento e insumos, igualmente, deficientes.
Durante esta acción defensorial, se evidenció que ese nosocomio tampoco cuenta con un sistema de desagüe adecuado, generando focos de infección que ponen en peligro la salud y la vida de las y los enfermos, pues corren el riesgo de empeorar su estado de salud o adquirir otras enfermedades.
Se halló, asimismo, problemas en la aplicación de las prestaciones de servicios de salud integral establecidas en la Ley 475, debido al retraso e incumplimiento de pagos por parte del Gobierno Municipal de San Borja, generando que la atención a las y los beneficiarios sea deficiente por la ausencia de medicamentos, insumos y otros.
#deÚltimo:
Defensoría insta al Ministerio Público a iniciar acciones legales contra autoridades municipales de #SanBorja, Gobernación y Sedes tras la verificación de serias deficiencias e irregularidades en el #hospitaldeSanBorja pic.twitter.com/LgsgmAdsfp— RC Noticias Bolivia (@rcbolivia) 5 de julio de 2018
De acuerdo a la investigación defensorial, la falta de gestión municipal ha colocado en desprotección la salud población borjana, al igual que el incumplimiento de parte del Concejo Municipal de San Borja que no ha realizado una efectiva labor fiscalizadora, limitándose a esperar información “ordenada” y “coherente” de parte del Alcalde.
El Servicio Departamental de Salud (SEDES) del Beni, por su parte, se ha limitado a realizar acciones que no han sido efectivas ante la crisis que atraviesa el Hospital de San Borja, en tanto el Ministerio de Salud, no sólo ha omitido responder a las solicitudes del Control Social Circunstancial de San Borja para coadyuvar en resolver los problemas estructurales en salud que atraviesa ese municipio, sino que se evidencia la ausencia de adopción de medidas que aseguren la plena efectividad del derecho a la salud y la asistencia médica de los habitantes de esa población beniana.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo, en un informe defensorial recuerda que la protección del Estado y la garantía del acceso al derecho a la salud, deben ser entendidas no solamente desde la perspectiva de responsabilidad por parte de cada instancia estatal, nacional, departamental o municipal, de manera separada, sino desde el ejercicio irrestricto de la función de rectoría en salud que tiene como propósito definir e implementar las acciones necesarias para satisfacer y garantizar las necesidades y legítimas aspiraciones de la salud.
En ese marco, recuerda que el Ministerio de Salud, como máxima autoridad sanitaria, tiene la obligación de redimensionar y adecuar sus responsabilidades y funcionamiento a la realidad que atraviesa el Hospital de San Borja, considerando que el derecho a la salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos.
Señala, además, que las pésimas condiciones en las que funciona ese centro hospitalario, ameritan que el Estado, en cumplimiento a las obligaciones asumidas en los pactos internacionales, ejerza acciones de fiscalización, control y monitoreo permanente; en ese entendido, plantea que es necesario que la Asamblea Legislativa Plurinacional, a través de los instrumentos legislativos y los procedimientos pertinentes, intervenga con el fin de lograr un cambio efectivo en la realidad de la salud en el municipio de San Borja.
En su informe, el Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, insta al Ministerio Público a iniciar acciones legales contra el Alcalde y el Concejo Municipal de San Borja, así como al Gobernador del departamento del Beni y al Director del SEDES, por la comisión del delito de incumplimiento de deberes.
