La Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana (Cifabol) cuestiona que el sector farmacéutico nacional no haya sido considerado en la elaboración y socialización del Plan, pese a su rol estratégico como proveedor recurrente del sistema público de salud y actor fundamental para garantizar el abastecimiento de medicamentos en el país.
La Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana lamenta que el Ministerio de Salud y Deportes haya dejado al margen a la industria farmacéutica nacional del proceso de construcción y análisis del Plan General de Salud 2026-2030, así como de las reuniones que actualmente se desarrollan con distintos actores para evaluar su posible implementación.
Esta exclusión genera especial preocupación considerando que la industria farmacéutica boliviana constituye un actor estratégico del sistema de salud y es proveedora recurrente de medicamentos para el sector público. Por ello, cualquier política destinada a definir los mecanismos de abastecimiento, adquisición y acceso a medicamentos durante los próximos años debería incorporar necesariamente la experiencia, capacidades y propuestas de la producción nacional.
De acuerdo con los lineamientos conocidos del Plan, se plantea modificar la normativa vigente para ampliar los mecanismos de compra directa de medicamentos, consolidar adquisiciones estratégicas mediante un comprador único -CEASS- y habilitar compras e importaciones directas desde mercados internacionales.
Para la industria farmacéutica nacional, una política de estas características, si no contempla de manera expresa mecanismos de participación y fortalecimiento de la producción boliviana, corre el riesgo de profundizar la dependencia externa en medicamentos e insumos estratégicos, en lugar de avanzar hacia una mayor soberanía sanitaria mediante el desarrollo de capacidades productivas dentro del país.
La preocupación resulta aún mayor considerando el complejo contexto que enfrenta el sector desde 2023, marcado por la inestabilidad en el acceso a divisas, las dificultades vinculadas al funcionamiento de la autoridad reguladora, los conflictos sociales y administrativos, así como el retorno de determinados procedimientos a modalidades presenciales. Estos factores han incrementado los costos, afectado la planificación productiva y reducido la competitividad de una industria que genera empleo, inversión y capacidad tecnológica en Bolivia.
En este escenario, convertir al Estado en un actor adicional de importación, sin establecer condiciones que prioricen de manera efectiva la producción nacional cuando exista capacidad instalada para atender la demanda, podría profundizar las asimetrías competitivas entre los medicamentos fabricados en Bolivia y los productos importados.
La Cámara recuerda además que el fomento a la producción nacional de medicamentos constituye un principio respaldado por el marco constitucional y legal del país. Por ello, fortalecer a la industria farmacéutica boliviana no debe ser entendido únicamente como una política sectorial, sino como una decisión estratégica vinculada con la seguridad y soberanía sanitaria, el abastecimiento oportuno de medicamentos, la generación de empleo y el desarrollo productivo nacional.
En ese sentido, la industria farmacéutica boliviana solicita formalmente al Ministerio de Salud y Deportes incorporar al sector en las instancias de diálogo, análisis y definición del Plan General de Salud 2026-2030, antes de avanzar en decisiones que puedan modificar estructuralmente el modelo de adquisición y abastecimiento de medicamentos del sistema público.
La Cámara ratifica su disposición a contribuir técnicamente en la búsqueda de soluciones que permitan garantizar el derecho de la población al acceso oportuno a medicamentos seguros y de calidad, pero considera indispensable que estas soluciones sean construidas mediante un diálogo amplio, transparente y participativo, que reconozca a la producción nacional como un componente estratégico de la política sanitaria del Estado.
Garantizar medicamentos para los bolivianos y, al mismo tiempo, fortalecer la capacidad del país para producirlos debe ser parte de una misma política pública.
La Paz, 10 de agosto de 2026
