El Gobierno de Rodrigo Paz activó el proceso para definir el futuro de las empresas públicas del nivel central del Estado. El Decreto Supremo 5727 abre la posibilidad de continuidad, reorganización, disolución o liquidación. Un diagnóstico de la OFEP identificó 20 empresas en situación crítica y reportó Bs 8.100 millones en deudas tributarias dentro del universo analizado.
El Gobierno abre la puerta para cambiar el mapa de las empresas públicas
El Gobierno de Rodrigo Paz abrió oficialmente uno de los procesos de revisión más importantes sobre el aparato empresarial del Estado. Después de años de inversiones públicas, créditos, proyectos de industrialización y creación de empresas estatales, el Ejecutivo decidió poner bajo evaluación a las empresas públicas del nivel central para determinar cuáles pueden continuar funcionando, cuáles necesitan una reorganización y cuáles podrían ser disueltas o liquidadas.
La decisión quedó formalizada mediante el Decreto Supremo 5727, aprobado después de un gabinete virtual encabezado por el presidente Rodrigo Paz desde Estados Unidos y publicado la noche del jueves 24 de septiembre. La norma declara como prioridad del Órgano Ejecutivo la reorganización, disolución y/o liquidación de las empresas públicas del nivel central del Estado.
Sin embargo, existe una diferencia importante que debe quedar clara: el Gobierno no ordenó cerrar automáticamente las 20 empresas identificadas como críticas. Lo que hizo fue activar un procedimiento para que, caso por caso, se determine el futuro de cada empresa a partir de un diagnóstico técnico y de las recomendaciones de las instituciones encargadas del sector.
67 empresas fueron puestas bajo la lupa
El punto de partida son 67 empresas públicas analizadas por la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública, OFEP. De ese universo, 42 son completamente estatales y 25 tienen participación mixta, aunque el Estado mantiene la mayoría accionaria.
El diagnóstico identificó 20 empresas en situación crítica y encontró problemas relacionados con sostenibilidad financiera, patrimonio, obligaciones pendientes y condiciones que dificultan su funcionamiento.
El dato adquiere mayor dimensión cuando se observa el nivel de las obligaciones acumuladas. De acuerdo con la información proporcionada por la OFEP, las empresas públicas analizadas concentran alrededor de Bs 8.100 millones en deudas tributarias. A esto se suman otras obligaciones con entidades financieras, proveedores, trabajadores y diferentes instituciones del Estado.
La cifra no significa que las 67 empresas deban individualmente ese monto, sino que representa el conjunto de obligaciones tributarias identificadas dentro del universo analizado.
Una crisis que no comenzó con el Decreto 5727
El diagnóstico actual es el resultado de un proceso que comenzó meses atrás. En abril, la OFEP había informado que 15 empresas públicas se encontraban en situación de quiebra técnica, con pérdidas acumuladas y patrimonio negativo.
Posteriormente, el Gobierno avanzó hacia un diagnóstico integral que amplió la evaluación y llevó la cifra de empresas consideradas críticas a 20.
La Ley 1755, relacionada con las modificaciones al Presupuesto General del Estado 2026, estableció el marco para avanzar en el diagnóstico y posteriormente tomar decisiones sobre la continuidad, reorganización, disolución o liquidación de las empresas públicas.
Con el diagnóstico terminado, la OFEP entregó sus resultados y recomendaciones para que el Consejo Superior Estratégico de la Empresa Pública, COSEEP, evalúe el futuro de cada compañía.
¿Cómo se decidirá qué empresa continúa y cuál desaparece?
El Decreto Supremo 5727 establece una ruta que deberá seguirse para cada empresa. Primero se encuentra el diagnóstico técnico de la OFEP y posteriormente la evaluación del COSEEP. Una vez que el Consejo apruebe una recomendación, el ministerio responsable de cada empresa tendrá hasta 15 días hábiles para gestionar el instrumento normativo correspondiente.
Dependiendo de cómo fue creada la empresa, podrá requerirse un nuevo Decreto Supremo o un proyecto de ley.
Esto significa que no todas las empresas consideradas críticas necesariamente tendrán el mismo destino. Algunas podrían continuar con modificaciones, otras ser reorganizadas y otras ingresar a procesos de disolución o liquidación.
El inicio del proceso tampoco implica que una empresa deje inmediatamente de operar. Mientras se desarrolla el procedimiento, las operaciones pueden continuar.
DATACOM muestra cómo podría comenzar la depuración
El Gobierno ya tiene un caso concreto que permite observar cómo podría funcionar esta política: DATACOM, empresa vinculada a ENTEL que se encuentra en proceso de cierre y liquidación ordenada.
Según el Ministerio de Obras Públicas, una evaluación financiera determinó que DATACOM acumulaba aproximadamente Bs 34,14 millones en pérdidas hasta julio de 2026. Las auditorías también identificaron observaciones relacionadas con contrataciones, activos y pagos extralegales por aproximadamente Bs 15,9 millones entre 2016 y 2022.
El Gobierno calcula que el cierre permitirá un ahorro superior a Bs 30 millones anuales.
El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, informó además que se evalúan otras empresas estatales deficitarias para determinar cuáles pueden ser rescatadas y cuáles podrían seguir un camino similar al de DATACOM.
Mientras Paz estaba en la ONU, el gabinete sesionó de forma virtual
El momento en que se aprobó el decreto también llamó la atención. Rodrigo Paz se encuentra en Estados Unidos participando en la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas y desarrollando una agenda internacional.
Desde Estados Unidos, el mandatario participó en el gabinete virtual que aprobó el Decreto Supremo 5727.
Pero hay que hacer una precisión: la ONU no ordenó ni impuso a Bolivia la reorganización o liquidación de sus empresas públicas. Se trata de una decisión del Gobierno boliviano, sustentada en la legislación nacional y en el diagnóstico realizado por la OFEP.
La coincidencia temporal entre la presencia de Paz en Nueva York y la aprobación del decreto explica la relación entre ambos hechos, pero no significa que Naciones Unidas haya tomado la decisión.
La pregunta que queda: ¿cuánto costaron y quién responde?
La discusión ahora va mucho más allá de determinar cuántas empresas serán cerradas.
Durante años, el Estado destinó importantes recursos a empresas creadas con objetivos productivos, industriales, comerciales y estratégicos. Si algunas de ellas llegaron a una situación crítica, la ciudadanía tiene derecho a conocer cuánto dinero recibieron, cuánto patrimonio construyeron, cuánto deben actualmente y qué ocurrió con los recursos públicos utilizados para mantenerlas.
También será necesario establecer qué sucederá con sus activos, quién asumirá sus deudas, qué pasará con los trabajadores y cuánto costará ejecutar cada proceso de cierre.
Una empresa puede dejar de funcionar, pero sus obligaciones no desaparecen automáticamente. Terrenos, edificios, maquinaria, vehículos, contratos, créditos, deudas tributarias y compromisos con proveedores deben ser identificados y administrados durante el proceso correspondiente.
Cerrar una empresa no significa cerrar el caso
Existe además una dimensión de responsabilidad pública. El Decreto Supremo 5727 establece que una eventual disolución o liquidación no elimina las responsabilidades que pudieran corresponder a funcionarios o exfuncionarios por decisiones tomadas durante la administración de las empresas.
Las auditorías, investigaciones y procesos destinados a establecer responsabilidades pueden continuar independientemente del cierre de una compañía.
Por eso, una de las principales preguntas que deja este proceso es si el Gobierno se limitará a cerrar las empresas que generan pérdidas o si también buscará determinar cómo y por qué llegaron a esa situación.
Liquidar una empresa puede evitar que continúe generando pérdidas, pero no recupera automáticamente el dinero que ya fue invertido ni explica las decisiones que provocaron el deterioro de su situación financiera.
Las preguntas que el Gobierno todavía debe responder
El Gobierno ha informado que existen entre ocho y diez empresas que podrían ser las primeras en enfrentar decisiones de cierre o transformación, aunque sus nombres todavía no fueron revelados oficialmente.
Esa información será determinante para conocer la dimensión real de la reforma empresarial.
RC Noticias considera que, además de conocer los nombres, será necesario responder cuánto dinero recibió cada empresa del Estado, cuánto debe actualmente, cuánto patrimonio posee, qué bienes podrían quedar después de una eventual liquidación, cuánto costará cerrar cada compañía y cuánto espera ahorrar realmente el Estado.
También queda pendiente establecer qué ocurrirá con los trabajadores y, sobre todo, qué mecanismos se utilizarán para determinar responsabilidades cuando las auditorías encuentren posibles daños económicos.
El verdadero examen comienza ahora
El proceso puede resumirse en una ruta que comenzó con el diagnóstico de 67 empresas públicas, continuó con la identificación de 20 compañías en situación crítica y ahora entra en una etapa de evaluación y decisión.
La OFEP realizó el diagnóstico, el COSEEP deberá analizar las recomendaciones y los ministerios responsables tendrán que gestionar las normas necesarias para cada caso.
Pero el resultado no dependerá solamente del número de empresas que desaparezcan. También dependerá de qué haga el Estado con los activos, las deudas, los trabajadores, los servicios y las responsabilidades que queden después de cada decisión.
El Gobierno ha abierto la puerta para reorganizar, disolver o liquidar empresas públicas. Ahora deberá demostrar que el proceso se realizará con información pública, criterios técnicos, transparencia y determinación de responsabilidades cuando corresponda.
