La fiscalía peruana archivó el jueves una denuncia contra el expresidente boliviano Evo Morales por presuntos delitos contra el Estado y la defensa nacional iniciada a comienzos de año durante las protestas en reclamo de la renuncia de la presidenta peruana Dina Boluarte.
El Ministerio Público indicó en una copia de la resolución entregada a The Associated Press por el abogado de Morales en Perú, Raúl Noblecilla, que no se continuará con la investigación por falta de pruebas.
DENUNCIA CONTRA MORALES
La denuncia fue presentada por el legislador peruano de extrema derecha Jorge Montoya quien acusó a Morales de tener un “afán separatista”, así como de instigar una rebelión en Puno, una región peruana fronteriza con Bolivia donde 18 civiles murieron a tiros el 9 de enero durante las manifestaciones contra la presidenta peruana que fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad.
El gobierno de Boluarte, mediante la agencia de migraciones, prohibió a inicios de enero el ingreso de Morales a Perú y el primer ministro peruano Alberto Otárola dijo que Morales “no volverá a entrar más” a menos que levanten ese impedimento.
Morales era cercano al expresidente peruano Pedro Castillo (2021-2022), quien fue encarcelado a inicios de diciembre luego de intentar disolver el Parlamento y gobernar por decreto, cuando el Congreso se disponía a realizarle un juicio político. Boluarte, entonces vicepresidenta de Castillo, lo reemplazó y días después se desataron protestas exigiendo su renuncia sobre todo en el sur de Perú, en especial en las zonas rurales de lengua quechua y aymara.
El expresidente boliviano es crítico de la mandataria peruana y la ha calificado de usurpadora de la presidencia. En enero Morales afirmó que Boluarte “que antes defendía nuestro proceso de integración con dignidad, solidaridad y hermandad, ahora nos ataca para distraer y esquivar la responsabilidad sobre las graves violaciones de derechos humanos de nuestros hermanos peruanos”.
De acuerdo con un informe reciente de las Naciones Unidas durante las manifestaciones contra el gobierno de Boluarte hubo 50 civiles muertos, la mayoría a causa de armas de fuego. Casi la mitad de los fallecidos no participaban en las protestas.
Castillo está preso por tres años mientras es investigado por los delitos de corrupción y rebelión.
