Cerca al mediodía de ayer, se confirmaba la aprehensión del dirigente cocalero en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen La Paz, para posteriormente ser trasladado hasta la Felcc de la ciudad de El Alto, de igual forma, Chapetón fue aprehendida después de presentarse a declarar por una denuncia por daño económico presentada por la alcaldía de esta ciudad.
Inmediatamente, parlamentarios de oposición calificaron ambas acciones como una persecución judicial con fines políticos, responsabilizando al gobierno por manipular la justicia para satisfacer sus intereses.
Desde la alianza Comunidad Ciudadana se emitieron comunicados en los que se condenan acciones “represivas y abusivas del Gobierno mediante un sicariato fiscal y judicial” en contra de ambos ciudadanos, advirtiendo sobre el inicio de una nueva ola de persecución y amedrentamiento en contra de representantes de la oposición.
“Deploramos este nuevo atentado contra la democracia y el Estado de Derecho de parte del Gobierno nacional, con el objetivo de anular todo resquicio de oposiciones cívicas, ciudadanas y políticas, para concentrar y perpetuar el poder ilícitamente”, señala parte de la nota emitida por esta organización política.
Al respecto, la diputada Luciana Campero, se refirió al caso de Chapetón asegurando que su aprehensión va en contra de todo derecho humano y deja ver el rostro inhumano del gobierno.
“La detención del presidente de Adepcoca, Freddy Machicado es muestra del totalitarismo de Luis Arce, sumado a la detención de Soledad Chapetón con su bebé en brazos develan la prostitución de la justicia ante la vista de la ciudadanía boliviana. Exijo su libertad”, manifestó
De igual forma, desde el Comité Nacional de Defensa de la Democracia, se denunció una violación a los derechos de la exalcaldesa, ejercida por la fiscalía y la policía, bajo órdenes del actual Gobierno.
Mediante un comunicado, esta instancia recordó que ya son varios juicios absurdos, sin pruebas contundentes sacados bajo la manga para reprimir a todos los segmentos democráticos y opositores, por lo que se exige la libertad de la ex autoridad y que se deje de utilizar la detención preventiva como arma política, así como indicaron el Relator de las Naciones Unidas y el GIEI de la Comisión Interamericana Derechos Humanos.
Desde sus redes sociales el diputado José Manuel Ormachea se sumó a la condena generalizada a la persecución judicial, exigiendo que el “contubernio de diferentes actores” no prospere.
