Hoy se cumple un mes desde el día de las elecciones nacionales y del denominado «fraude electoral». El pasado 20 de octubre Bolivia celebró los comicios generales para elegir a quienes llevarían el mando del país por los próximos cinco años.
Ese día los bolivianos acudieron a las urnas para emitir su voto. Las mesas habilitadas trabajaron ocho horas continuas para luego realizar el conteo de votos. Los tribunales departamentales tenían la obligación de enviar estos datos al sistema del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y estos, a su vez, tenían el compromiso y la obligación de transparentar este proceso mediante la Transmisión de Resultados Preliminares (TREP).
Este sistema cayó aproximadamente a las 19.30 del mismo 20 de octubre, luego de un par de horas en línea, donde ya arrojaba datos que preveían una presunta segunda vuelta. Es ahí donde el país empieza a combulcionar, porque luego de 22 horas los datos apuntaban a un binomio ganador: el MÁS tendría un cuarto mandato.
Líderes cívicos y políticos, universidades y sectores sociales iniciaron una campaña en contra del fraude electoral que el gobierno y el TSE se negaban a aceptar.
La presión de estos sectores y el hallazgo de papeletas e inconsistencias n los cómputos, derivó en que el entonces presidente Evo Morales llame a una comisión internacional para que realice una auditoría de las elecciones. El 1 de noviembre, la Organización de Estados Americanos (OEA) llegó a Bolivia con el objetivo de inspeccionar las fallas del TREP y analizar los datos de votación, pero esto no calmó los ánimos de ciudadanos, quienes ya no pedían una segunda vuelta, sino la renuncia de Morales. Los primeros días de noviembre fueron clave para la renuncia de Evo Morales.
*Razones que llevaron a renunciar al ex presidente Evo Morales*
Primero, con la llegada del líder cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien juró llevarle una carta de renuncia a Morales hasta la sede de gobierno, acto que fue inpedido en tres ocasiones por la población alteña afín al MAS.
Segundo, el motín de la Policía boliviana a nivel nacional, quienes manifestaron sus quejas contra el Gobierno y se negaron a continuar reprimiendo al pueblo protestante.
Tercero, las universidades habían congelado sus actividades para unirse a las protestas en contra del aún entonces Mandatario.
Cuarto, la Central Obrera Boliviana (COB) le dio la espalda a Evo Morales, de quien fuera aliado durante varios años.
Quinto, los mineros de Potosí, a la cabeza de Juan Carlos Pumari rechazaron la explotación de litio y los acuerdos internacionales con la reserva de sus minerales. Sus medidas de presión sumaron fuerza al rechazo social ya generalizado en el país.
Sexto, el comandante General de las Fuerzas Armadas (FFAA) pidió la renuncia del Presidente Morales.
Finalmente, a todo esto se suma el resultado preliminar de la auditoría de la OEA, que había comprobado las irregularidades en el proceso electoral.
Esto desencadenó, aún más la furia de ciudadanos que condenaron a toda la cúpula masista y exigían la renuncia de Morales y Garcia Linera.
El presidente, sin mencionar la auditoría, anunció la anulación de los comicios, la convocatoria a nuevas elecciones y el cambio de las autoridades del TSE. Sin embargo, reiteró el llamado a sus bases para defender a su Gobierno. Afines al MAS habían iniciado un bloqueo en la carretera a Oruro, para impedir la llegada de una caravana de mineros hasta La Paz. La cercaron y dispararon contra ella, con un saldo fatal.
En Oruro y Potosí los ciudadanos quemaron las casas de autoridades de gobierno de MAS, alcaldes gobernadores incluso asambleístas fueron puntos de ataque, en represalia al ataque de la caravana de mineros. Estas autoridades renunciaron ese mismo día a sus cargos.
De ahí en adelante comenzó una cadena de renuncias del ejecutivo y el legislativo.
Morales esperaba calmar a la gente con la convocatoria a nuevas elecciones y llamar al diálogo a los candidatos que habrían llegado hasta el cuarto lugar en las pasadas elecciones, pero los mismos líderes políticos y la población lo rechazaron.
Morales renunció ese 10 de noviembre e intentó salir de Bolivia. Sin embargo, los países vecinos le negaron el permiso por sus espacios aéreos y, por ello, tuvo que volver a Bolivia y refugiarse en el Chapare.
Luego de esta acción, el Estado Boliviano tuvo un vacío de poder por más de 40 horas, los presidentes del parlamento también habían anunciado sus renuncias, esto llevó a la inmediata posesión de la senadora Jeanie Añez, primero como presidente del Senado y, por consiguiente, como mandataria del Estado Plurinacional de Bolivia, acción que fue respaldada por una interpretación de la Constitución Política del Estado, por parte del Tribunal Constitucional.
Está situación desató otras movilizaciones, esta vez, por parte de movimientos sociales afines al MAS, que quemaron casas de personalidades reconocidas, iniciaron saqueos y causaron noches de terror en diferentes zonas de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. El eje central de Bolivia había paralizado sus actividades debido a los bloqueos en las carreteras.
Hoy 20 de noviembre, a un mes del fraude electoral, la sede de Gobierno y Cochabamba se encuentran resguardadas por efectivos policiales y militares para evitar que grupos vandalicos infiltrados en los movimientos y organizaciones causen zozobra en las ciudades.
La Paz y El Alto se encuentran bloqueadas en su comercio y transitabilidad, las vías de acceso a la sede de Gobierno están suspendidas por los bloqueos de manifestantes que buscan el regreso de Morales y la renuncia de la presidente constitucional.
Pese al llamado al diálogo de ambas partes, aún no existe una respuesta que pueda mejorar la situación del país.
Actualmente, el departamento de La Paz se encuentra cercada, lo que significa que los alimentos no ingresan por vía terrestre, esto provoca el desabastecimiento de la canasta familiar y la elevación de precios, hasta en un 80% en productos de primera necesidad.
A esto se suma que los sectores movilizados tomaron la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ubicada en Senkata distrito 8 de la ciudad de El Alto, y no permiten la salida de garrafas ni combustible para el consumo diario, afectando a las familias bolivianas.
Este 19 de noviembre, una gran cantidad de efectivos policiales y militares llegó a Senkata para proceder a desbloquear la zona y de esta manera reabastecer de combustible a los ciudadanos. Este operativo fue confrontado por pobladores del lugar quienes se oponían a las salidas de los camiones cisternas, la policía gasificó y resguardó la salida de los camiones. Esta situación se agravó cuando los manifestantes usaron material explosivo para derrivar los muros de la planta de YPFB.
Como resultado de los enfrentamientos hubo al menos cinco muertos y una veintena de heridos.
Para hoy, 20 de noviembre, los sectores movilizados anunciaron la radicalizacion de medidas en la zona de Senkata.
