El Ministerio Público evidenció la comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias de la ex Gerente Legal Corporativa de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Cynthia Novillo Salinas, y logró su detención preventiva en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes por irregularidades en la adjudicación de la empresa italiana Drillmec para la compra de tres equipos de perforación.
“El Ministerio Público fundamentó su teoría fáctica en base a indicios fehacientes que cursan en el cuaderno de la investigación, los cuales demuestran que Novillo, tenía conocimiento de la preparación de la enmienda número 3, lo que determina la probabilidad de autoría de esta ciudadana” señaló el Fiscal Departamental de La Paz, Edwin Blanco Soria.
En la audiencia de medidas cautelares, el fiscal asignado al caso, Ramiro Jarandilla sostuvo que bajo las nuevas directrices los abogados miembros del Comité de Licitación, Gisel Siles Roca, Mauricio Bustos Martin y Julio Kjari Nina, co-imputados y detenidos preventivamente, procedieron a elaborar la ‘enmienda III’ que fue puesta en conocimiento de Novillo, quien ordenó y autorizó la misma en su calidad de Gerente Legal Corporativa, desconociendo el Reglamento de Contratación de Bienes y Servicios Especializados en el Extranjero.
“Se estableció que la Unidad Jurídica no tenía dicha atribución ni mucho menos la ahora imputada tenía esa facultad para la aprobación ilegal de la enmienda III, lo que derivó en la recomendación de la Comisión de Licitación para la adjudicación de Drillmec, a pesar de que no cumplió con especificaciones técnicas, administrativas y legales para adjudicarse el proceso de contratación”, argumentó el fiscal.
En ese marco, el representante del Ministerio Público aseguró que la conducta de la imputada se adecua en los delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes, por lo que solicitó la detención preventiva toda vez que concurren los riesgos procesales de fuga y obstaculización.
De acuerdo con lo expuesto por el fiscal, la imputada no acreditó un trabajo lícito en el país ya que renunció a YPFB a finales del año pasado, por lo que existe el riesgo de que pueda abandonar el país o permanecer oculta para evadir la acción de justicia.
Asimismo, indicó que la imputada no tiene la voluntad de someterse al proceso, ya que una vez que se hizo pública la detención preventiva los miembros del Comité de Licitación, la misma no se apersonó de manera voluntaria o por escrito ante el Ministerio Publico, por el contrario fue aprehendida tras el allanamiento a su domicilio.
También concurre el riesgo de obstaculización del proceso debido a que la imputada puede modificar, destruir y ocultar elementos de prueba importantes para este proceso, además que existe la probabilidad de que pueda influir en otros co-imputados, peritos o testigos.
