Horas después de que el gobierno boliviano derogara los artículos de tres decretos que restringían la libertad de expresión, José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), dijo que procesar penalmente a quien emita una opinión es un recurso que se esperaría de gobiernos dictatoriales y no de una democracia como la que impera en Bolivia.

En una entrevista concedida a Brújula Digital en Washington DC, la sede de sus funciones, Vivanco celebró la decisión gubernamental de dejar sin efecto esas medidas porque violaban “claramente” la libertad de expresión y dijo que aún quedan por resolver varios asuntos vinculados a los derechos humanos, como el esclarecimiento de los hechos violentos de octubre pasado en Senkata y Sacaba.

El directivo de Human Rights Watch recordó los excesos cometidos durante los 14 años de gobierno del expresidente Evo Morales y mencionó que en ese tiempo se generó un entorno muy hostil para los defensores de derechos humanos y se promovió reformas judiciales que generaron un serio deterioro al estado de derecho.

Recordó al mismo tiempo que la principal misión de la presidenta Jeanine Añez, al ser interina, es convocar a elecciones creíbles “para la fecha más temprana posible”.

Fundada en 1978, Human Rights Watch es una organización no gubernamental que defiende los derechos humanos a nivel mundial y para eso se reúne periódicamente con los distintos gobiernos, con los representantes de las Naciones Unidas, con las organizaciones multilaterales en los distintos continentes y con las instituciones financieras y corporaciones.

El siguiente es el diálogo sostenido por este medio con Vivanco.

Se acaban de cumplir seis meses de la asunción al Gobierno de Bolivia de la presidenta Jeanine Añez ¿Cuál es la evaluación que, desde la perspectiva de los derechos humanos, tiene Human Rights Watch sobre esta primera parte de ese mandato?

Jeanine Añez asumió la presidencia en un momento muy difícil para los bolivianos, tras denuncias muy serias de fraude electoral. Además, tomó las riendas del Estado después de casi 14 años de gobierno de Evo Morales, durante los cuales se generó un entorno muy hostil para los defensores de derechos humanos y se promovió reformas judiciales que generaron un serio deterioro al estado de derecho. La misión de Añez, como presidenta interina, es convocar elecciones para la fecha más temprana posible que puedan ser realizadas con credibilidad. Obviamente, no pueden postergarse indefinidamente.

No es el papel de Human Rights Watch hacer evaluaciones sobre el desempeño general de gobiernos. Eso deben decidirlo los bolivianos. Sin embargo, sí ofrecemos nuestra opinión, como organización internacional de derechos humanos, sobre medidas que afectan el ejercicio de los derechos y libertades básicas. En ese sentido, nos preocupa la falta de independencia del sistema judicial, que como en la época de Evo Morales, continúa sujeto a presiones del gobierno.

Hemos visto procesos penales con escasa o nula evidencia contra personas con alguna relación con el gobierno de Evo Morales. Y, al mismo tiempo, hay muy poco progreso en la investigación de los actos de violencia cometidos a raíz de las crisis políticas del año pasado, incluidas 35 muertes. Asimismo, consideramos que los decretos emitidos por Añez que prevén penas de prisión para quien “desinforme” (si bien fueron ya suspendidos), son una violación clara de la libertad de expresión.

Se acaba de derogar la vigencia de un decreto que penaliza los contenidos informativos o artísticos que “desinformen” sobre temas de salud. Quisiera, de cualquier forma, su opinión sobre esa disposición y otras similares.

No hay duda de que en Bolivia, como en cualquier lugar del mundo, las personas escriben y comparten información incorrecta, a veces intencionalmente y otras veces sin mala fe. Estamos hablando no sólo de periodistas, sino de cualquier ciudadano que se expresa por las redes sociales o de cualquier otra forma.

Pero arrogarse la autoridad para determinar lo que es verdadero y lo que es errado, lo que es “desinformación” y lo que no lo es, lo que genera “incertidumbre en la población”, y procesar penalmente a quien pasa esa línea marcada arbitrariamente, es un recurso que esperaríamos de gobiernos dictatoriales, no de una democracia como la de Bolivia. Y la amenaza penal no es algo hipotético, sino que existen ya en Bolivia casos de procesos penales por declaraciones que deberían estar plenamente amparadas por la libertad de expresión.

En la actual crisis mundial por causa del coronavirus es fundamental el debate abierto y transparente sobre las mejores políticas de salud. Si el gobierno detecta informaciones falsas, debe refutarlas con información veraz, no con privación de la libertad. Celebro que, ante nuestras críticas y de organizaciones de prensa de Bolivia y organismos internacionales, el gobierno de la presidenta interina Añez haya reconocido su error y derogado las disposiciones que violaban la libertad de expresión. Ahora la Presidenta interina debería pedir a la Fiscalía retirar todos los cargos contra personas procesadas por la libre expresión de opiniones.

¿Tienen otros antecedentes de violaciones a los derechos humanos durante la cuarentena en Bolivia?

A diferencia de otros países de la región, el gobierno de Bolivia se ha tomado el coronavirus seriamente desde el principio y ha implementado reglas de distanciamiento social. Pero hemos conocido algunos casos que reflejan abusos, como por ejemplo, cuando se impidió a centenares de bolivianos volver a su patria desde Chile o la detención de la alcaldesa Patricia Arce, en su casa, por violar la cuarentena. Las medidas para proteger a la población deben ser aplicadas de manera uniforme, sin discriminación y sin motivación política, con el objetivo único de preservar la salud y la vida de las personas.

La decisión del gobierno de extender bonos a la población es positiva, pero algunas personas están teniendo problemas para acceder a los bancos para cobrarlos, especialmente en zonas rurales. Debería haber un esfuerzo especial para garantizar acceso de los más vulnerables, aquellos que necesitan apoyo continuado a medida que la crisis subsiste. Para proteger del virus no se puede condenar a las personas a morir de hambre. También conminamos a las autoridades a redoblar los esfuerzos para proporcionar equipos de protección al personal sanitario, que está en la primera línea en la lucha contra el virus.

El tema de las cárceles también ha sido un problema.

Sí. Nos preocupa mucho la transmisión del virus sin control en el sistema carcelario boliviano, que está extremadamente hacinado y presenta condiciones perfectas para brotes muy peligrosos de COVID-19. Eso representa una amenaza obviamente para los reclusos y los trabajadores de las prisiones, pero también para la población en general, pues las cárceles, por sus malas condiciones de higiene, pueden convertirse en incubadoras del virus. La enfermedad ha matado ya a cuatro reclusos en la cárcel de Palmasola y pueden ser más si las autoridades no toman medidas urgentes.

En Bolivia hay más de tres veces el número de reclusos que la capacidad máxima de las prisiones. En esas condiciones, el distanciamiento para evitar el contagio es físicamente imposible. Bolivia debería reducir la superpoblación mediante la excarcelación responsable y temporal de ciertas categorías de detenidos.

Casi un 70% de las personas tras las rejas en Bolivia está esperando juicio, un porcentaje enorme. Las autoridades deberían considerar alternativas a la prisión para los acusados de delitos no violentos, así como para personas con mayor riesgo para la salud, como adultos mayores, mujeres y niñas embarazadas, personas con ciertas discapacidades y enfermedades crónicas que puedan exponerlas a un mayor riesgo de complicaciones graves a causa del COVID-19. Además las evaluaciones deberían considerar factores como el tiempo de pena cumplido, la gravedad del delito y el riesgo que su liberación representaría para la sociedad.

Desde hace algunas semanas el activista del MAS Mauricio Jara se encuentra detenido, acusado de por desinformar y sembrar odio. ¿Conoce este caso? ¿Cuál es su opinión sobre el mismo?

Mauricio Jara está en la cárcel por “desinformar” y “sembrar odio”, según dijo la Fiscalía en una rueda de prensa. Como prueba “irrefutable” de sus actos criminales dijeron que operaba cuentas en redes sociales de apoyo al MAS y había tildado al gobierno de la presidenta interina Añez de dictadura. Es decir, su delito era oponerse al gobierno.

Un grupo de prestigiosos periodistas bolivianos emitió un acertado comunicado en el que ponían de manifiesto que su detención es ilegal. Ellos sostienen que la detención de Jara es una amenaza para cualquiera que ose escribir, hacer una declaración o compartir un contenido que moleste al gobierno. La libertad de expresión es la base de la democracia y requiere aceptar que otras personas expresen opiniones con las que uno no está de acuerdo.

Con el argumento del rating, la Ministra de Comunicación boliviana ha suspendido la publicidad de un canal de televisión, que a su vez ha denunciado que éste es un acto de represalia por investigaciones que ha difundido sobre supuesta corrupción durante el gobierno de la presidenta Añez. ¿Cuál es su opinión al respecto?

Las denuncias de que el gobierno suspendió la publicidad pública en ese canal porque informó sobre supuestos casos de corrupción son muy graves. El Ministerio Público debería investigar con rigurosidad estas denuncias. El gobierno debería detallar los gastos en publicidad pública y en base a qué criterios los asigna a los diferentes medios. La publicidad pública debe estar al servicio de la sociedad y no de ningún gobierno. Tampoco puede usarse para premiar a los aliados y castigar a los críticos.

Por último, en Bolivia hay voces que dicen que ustedes, como organismo que vela por derechos humanos, han actuado con menos celeridad e incluso con cierta inclinación a favorecer al anterior gobierno en el tratamiento de las denuncias de violación de derechos humanos. ¿Qué puede decir sobre eso?

Esa es una crítica infundada pero típica de gobiernos a los que no les gusta que pongamos en evidencia sus violaciones a los derechos humanos. Nos acusan de haber callado cuando sus rivales políticos estaban en el poder, porque supuestamente tendríamos alguna simpatía ideológica. Si el gobierno es de derecha, como el de Jair Bolsonaro en Brasil, nos tildan de izquierdistas. Y si el gobierno es de izquierda, como la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, nos acusan de ser de derecha. Human Rights Watch no tiene una agenda política. Nos regimos tan solo por el derecho internacional.

Respecto al gobierno de Evo Morales, cualquiera puede juzgar nuestra actuación por sí mismo mirando el capítulo de Bolivia en cada uno nuestros informes anuales de derechos humanos en los últimos 14 años y otras investigaciones, artículos y declaraciones. Están disponibles en nuestra página de internet sobre Bolivia. Ello se puede encontrar aquí.

Ese registro muestra denuncias muy claras sobre abusos cometidos por el gobierno de Evo Morales, incluyendo el uso del sistema judicial para perseguir a opositores, intentos de restringir la actuación de organizaciones de la sociedad civil y sus acusaciones sin fundamento contra periodistas. También nos manifestamos oportuna y categóricamente contra la decisión de Morales de burlar la voluntad de la mayoría de los bolivianos expresada en el referendo e intentar aferrarse al poder presentándose a la reelección el año pasado. Además fuimos los primeros en denunciar el abuso y disparate que representó argumentar que en virtud de sus derechos humanos Evo Morales tenía derecho a la reelección per secula seculorum.

 

BRÚJULA DIGITAL

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