Mariana, una comerciante alteña de 42 años, nunca imaginó que su confianza le costaría todos sus ahorros. Una tarde, recibió un mensaje de texto de un número, supuestamente perteneciente a su banco, anunciándole que había ganado un premio en efectivo. Confiada y emocionada, siguió las instrucciones del enlace que le pedía el ingreso de sus datos personales y bancarios. Horas después, al intentar retirar dinero de un cajero automático se percató que sus ahorros ya no estaban. Fue víctima de phishing, una de las varias modalidades de cibercrimen que desafían a las leyes.
En los últimos años, se ha registrado un incremento en las estafas digitales que no discriminan entre comerciantes, estudiantes, emprendedores y otros ciudadanos. Desde falsos premios hasta ofertas de empleo fraudulentas y hackeos de cuentas personales, los ciberdelincuentes perfeccionan día a día sus métodos para engañar a las víctimas y acceder a su información sensible.
“La humanidad avanza a pasos agigantados con las nuevas tecnologías, los nuevos descubrimientos; la ciencia que progresa a diario nos obliga a adelantarnos, a adecuarnos y a superar su velocidad impresionante para trabajar en su regulación, las nuevas tecnologías deben ser reguladas”, afirma Joaquín Vásquez, director de de la carrera de Derecho en Unifranz El Alto.
La regulación de las tecnologías: una necesidad urgente
El avance tecnológico trajo consigo múltiples beneficios, pero también nuevos desafíos en materia de seguridad digital. La falta de regulación específica y la escasa cultura de ciberseguridad permitieron que los delitos informáticos proliferen en Bolivia.
“La humanidad avanza a pasos agigantados con las nuevas tecnologías, y debemos adelantarnos para regular su uso y prevenir delitos (…) no podemos dejar que los usuarios queden desprotegidos ante amenazas digitales que vulneran su privacidad y seguridad económica”, explica Vásquez.
Si bien el Código Penal Boliviano tipifica de manera específica los delitos de manipulación informática (Art. 363), acceso y uso indebido de datos informáticos (Art. 363), Acoso cibernético (Código Niño, Niña y Adolescente), se puede observar que aún existen múltiples delitos cibernéticos que no se encuentran regulados o tipificados. No obstante, sí existen proyectos de ley que buscan actualizar estos delitos y gestionar sanciones más duras para los ya existentes.
Los delitos informáticos más comunes
Los delitos cibernéticos se pueden clasificar en diversas categorías, entre las más frecuentes en se encuentran:
Phishing: correos o mensajes falsos que suplantan la identidad de instituciones bancarias o comerciales para robar datos personales.
Estafas en redes sociales: venta de productos inexistentes, hackeo de cuentas y suplantación de identidad para solicitar dinero.
Fraude financiero: accesos no autorizados a cuentas bancarias para realizar transferencias sin el consentimiento del titular.
Ciberacoso y extorsión: amenazas y chantajes a través de plataformas digitales, muchas veces dirigidas a menores de edad o mujeres.
Ciberseguridad y prevención: el reto de la era digital
Ante este panorama, es fundamental que la ciudadanía tome medidas para protegerse de estas amenazas. Expertos recomiendan nunca compartir información personal en enlaces desconocidos, verificar siempre la autenticidad de los sitios web y activar la verificación en dos pasos en cuentas bancarias y redes sociales.
A estos desafíos se suma la necesidad de contar con profesionales en derecho con conocimientos en ciberseguridad, legislación digital y derecho tecnológico, capaces de diseñar normativas eficientes y mecanismos de regulación para combatir el cibercrimen. -con especialistas en estas áreas, se podrá avanzar en la lucha contra estos delitos y la protección de la ciudadanía en el entorno digital.
“Como carrera de Derecho, somos conscientes de estas necesidades, por lo que contamos con asignaturas especializadas en derecho digital, regulación de nuevas tecnologías y ciberseguridad, para “formar a los abogados del futuro con una visión moderna y global, dotándolos de herramientas para enfrentar los retos legales de la era digital. Queremos que nuestros egresados sean protagonistas en la creación de políticas públicas y leyes que protejan a los ciudadanos en un mundo cada vez más conectado”, enfatiza Joaquín Vásquez.
El reto es grande, pero la prevención, la educación y una legislación robusta pueden marcar la diferencia en la lucha contra los delitos informáticos. Mientras tanto, casos como el de Mariana nos recuerdan que, en la era digital, un simple clic puede ser el inicio de una gran estafa.
