Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza llegará a Bolivia por ecocidio en la Chiquitania 

Esta visita es para recabar mayor información y evidencias, constatar la magnitud de la violación a los derechos de la naturaleza, entrevistarse con los diferentes actores, familias y comunarios afectados y verificar el cumplimiento de las medidas que ha dispuesto en su veredicto para que no se agrave ni repita el ecocidio.

El quinto Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, celebrado el pasado 5 de diciembre en Santiago de Chile, resolvió aceptar el caso de ecocidio en la Amazonía, la Chiquitania y otros bosques colindantes y determinó enviar en este primer trimestre una comisión a Bolivia para realizar una vista in-situ a la zona afectada.

El activista Pablo Solón dijo en entrevista con ANF que esta visita de los expertos tiene el objetivo de recabar mayor información y evidencias, constatar la magnitud de la violación a los derechos de la naturaleza, entrevistarse con los diferentes actores estatales y no estatales, familias y comunarios afectados y verificar el cumplimiento de las medidas que ha dispuesto en su veredicto para que no se agrave ni repita el ecocidio en la Chiquitania y la Amazonía.

“Con esta visita que se calcula sea para febrero, van a elaborar un informe para la consideración ante el tribunal.  Lo que se busca no es solo un dictamen de quién es el culpable, sino de identificar las responsabilidades para plantear un conjunto de políticas que eviten que estos incendios se vuelvan a repetir”, manifestó Solón.

Fueron organizaciones civiles que presentaron el caso de “Ecocidio en la Amazonia y la Chiquitania” durante la Quinta sesión del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza realizado en Santiago de Chile.

Uno de los mayores y devastadores incendios en Bolivia se registró desde el mes de agosto de 2019 en la región de la Chiquitanía, con consecuencias irreparables y a poco de que el expresidente Evo Morales aprobara el cuestionado decreto supremo 3973 el 9 de julio, que autoriza el desmonte y quema “controlada” de bosques, para las actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias.