El fallo del Tribunal Supremo de Justicia establece una interpretación jurídica sin precedentes, resolviendo una controversia comercial mediante la aplicación indebida de una figura legal diseñada exclusivamente para víctimas de delitos de lesa humanidad.
La Paz, marzo de 2025. La Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) advirtió que la determinación del Tribunal Supremo de Justicia, que le impone la obligación de pagar, a favor de Fancesa, una indemnización de más de 744 millones de bolivianos, incide de forma directa en la desestabilización económica de la empresa, y afecta, de manera indirecta, a más de 200.000 familias en todo el país que dependen del normal funcionamiento de la compañía cementera, además de ahuyentar las inversiones extranjeras en Bolivia.
Un fallo sin precedentes y plagado de irregularidades que amenaza la seguridad jurídica
La referida indemnización se basa en un proceso que Soboce considera ilegal e irregular, ya que aplica la figura del “daño al proyecto de vida”, un concepto jurídico reservado para resarcir a víctimas de delitos de lesa humanidad, como el genocidio. Dicho concepto se aplica exclusivamente a personas naturales, no a empresas privadas. Sin embargo, esta figura fue introducida en este proceso para aplicarla a una controversia de índole comercial entre dos empresas privadas, a raíz de que una perito contable, quien sin la debida capacidad para interpretar fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aplicó jurisprudencia en materia de delitos de lesa humanidad e incorporó este criterio (nunca demandado por Fancesa) para cuantificar los supuestos daños y perjuicios que habría ocasionado Soboce en contra de Fancesa, por una controvertida y supuesta “competencia desleal” que en realidad consistió en obtener un préstamo bancario con la garantía de sus propias acciones y en ningún caso con acciones ajenas.
“Esta decisión refleja una preocupante parcialidad del máximo órgano judicial del país y envía una alarmante señal de complicidad con la consigna de aniquilar a Soboce, a través del quebranto de su patrimonio. Era deber del Tribunal Supremo de Justicia anular este tipo de actuaciones ilegales, y no ignorarlas, minimizarlas ni, mucho menos, encubrirlas y avalarlas. Con esta conducta se sienta un peligroso precedente que pone en riesgo la seguridad jurídica de otras empresas y sectores productivos y se ahuyenta las inversiones en el país”, señaló Ximena Riveros, Gerente Nacional Legal de Soboce.
Este caso inició hace casi 15 años, en 2011 cuando Fancesa demanda a Soboce por “competencia desleal” luego que esta pusiera como garantía acciones que había adquirido de Fancesa para obtener un crédito que le sirvió para ampliar la capacidad de las operaciones de Soboce. Es importante señalar que, en 2010, dichas acciones fueron expropiadas. En 2018, nueve años después del hecho del primer caso, y cuando ya había prescrito, interpuso una nueva demanda para exigir el resarcimiento de «daños» supuestamente derivados de la operación de préstamo de Soboce. El Poder Judicial actuó de manera parcializada en este proceso, ignorando la inexistencia de competencia desleal, la prescripción de acción y desestimando todos los medios de defensa de Soboce.
Soboce dio una conferencia de prensa para dar a conocer su posición y acciones futuras frente al fallo de la justicia que le obligaría a pagar más de 100 millones de dólares en favor de Fancesa y en perjuicio de miles de familias bolivianas.
Soboce no es culpable del fracaso de Fancesa
De acuerdo con Soboce, durante el período en que se los acusa de haber ejercido una supuesta competencia desleal, Fancesa registró sus mayores utilidades. “No hubo daño alguno, al contrario, la empresa logró una estabilidad y un crecimiento sostenido. Las denuncias de corrupción muestran cómo Fancesa ha sido convertida en una agencia de empleo en lugar de enfocarse en su sostenibilidad y crecimiento”, sostuvo Riveros.
“Soboce no es culpable del fracaso de Fancesa, así que las decisiones que los tribunales han estado tomando en este tema son antijurídicas y no tienen razón, mezclándose peligrosamente el contexto judicial con el político”, concluyó la ejecutiva.
Una decisión que afectaría a miles de familias bolivianas
La determinación judicial pone en riesgo la sostenibilidad y continuidad comercial de la empresa, que brinda empleos de forma directa a más de 1.500 trabajadores, pero que además alimenta una cadena de valor que representa el sustento diario para más de 200.000 familias en todo el país.
Entre los afectados por esta injusta determinación sin precedentes se encuentran mineros de piedra caliza y otros proveedores de materia prima para la fabricación de cemento, transportistas, distribuidores, proveedores de servicios, concesionarios y, por supuesto, los trabajadores de las tres fábricas de Soboce en Viacha, Warnes y El Puente.
Esta decisión trunca además los planes de inversión que Grupo Gloria, casa matriz a la que pertenece Soboce, tenía prevista para este año en Bolivia, pues las aberraciones judiciales denunciadas inviabilizarán esta operación financiera, además de anular los incentivos para futuras inversiones privadas en el país.
Con el objetivo de garantizar la estabilidad de la empresa y la protección de miles de empleos en Bolivia, Soboce reafirma su compromiso con la legalidad y la transparencia, y continuará agotando todas las instancias legales nacionales e internacionales para revertir esta decisión hasta que se haga justicia en este tema.
