Alarcón explicó que la propuesta normativa redefine el bloqueo como una conducta ilícita y no como una forma de derecho a la protesta. “Lo primero que hago en este proyecto de ley es establecer que el bloqueo es un delito y no un derecho”, afirmó el legislador.
El proyecto contempla penas diferenciadas para quienes promuevan, organicen o instiguen los bloqueos, así como para quienes ejerzan violencia criminal durante estas medidas. En los casos más graves, la sanción podría alcanzar hasta 20 años de prisión, con carácter acumulativo respecto a otros delitos cometidos de manera simultánea.
“El delito de bloqueo se acumula con otros ilícitos que se cometan en el mismo escenario. No se trata de un hecho aislado”, advirtió Alarcón.
La iniciativa también incorpora garantías para la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas (FFAA), con el objetivo —según el proponente— de evitar que sean utilizadas de manera indebida durante conflictos sociales.
“Se establecen claramente garantías para policías y militares, para que nunca más sean usados como carne de cañón o cabeza de turco”, señaló Alarcón, quien cuestionó el envío de efectivos “sin el equipamiento ni el armamento mínimo necesario” para enfrentar hechos de violencia en bloqueos.
En esa línea, la propuesta establece que no existirán “bloqueos buenos o malos”, sino que todos serán considerados delito, independientemente de su origen, motivación o sector que los impulse.
El diputado planteó que el proyecto exige una definición política clara del Gobierno respecto a los bloqueos. “¿El Gobierno va a considerar que los bloqueos son un delito o un derecho a la protesta?”, cuestionó, al señalar que la norma busca sentar una posición firme del Estado frente a este tipo de medidas.
