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Pandora Papers: 300 ciudadanos bolivianos registraron 130 compañías en paraísos fiscales

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Por Noemí Gonzales C.

RC Noticias de Bolivia, 5 de octubre de 2021. Cerca de 300 bolivianos, entre empresarios importadores y exportadores, reconocidas figuras del deporte, de la moda y la belleza, hasta exfuncionarios públicos, convirtieron, entre 1987 y 2018, a Islas Vírgenes y Panamá, en sus paraísos fiscales favoritos. También están quienes acudieron a Belice, Bahamas y Seychelles, pero en menor escala. Según la investigación del equipo de Pandora Papers Bolivia publicado en Connectas, plataforma periodística para las Américas.

Así lo refleja el análisis de 15.000 archivos relacionados con Bolivia, que son parte de los casi 12 millones que fueron filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Esta investigación, denominada Pandora Papers reúne a más de 600 periodistas en 117 países y expone ante el ojo público el servicio offshore que 14 bufetes de abogados brindaron a clientes de todo el mundo.

Los documentos revisados por el equipo Pandora Papers Bolivia muestran cómo, entre 1987 y 2018, arribaron a estos territorios financieros offshores casi tres centenas de bolivianos y registraron 130 compañías. Lo hicieron y lo hacen seducidos por las altas ventajas impositivas, el anonimato garantizado y la reducción de trabas burocráticas que ofrecen estas jurisdicciones.

Los beneficiarios contactaron directamente a su proveedor, en este caso Alcogal, Trident Trust, SFM Group y OMC Group, que son los cuatro bufetes internacionales con los que trabajaron. El 60% de los que están detrás de las 130 compañías extraterritoriales son grupos familiares. Por lo general, son los padres los que crean fideicomisos para sus hijos o los nombran beneficiarios finales de dichas empresas.

En esta figura entran dos de los tres exfuncionarios públicos de más alto rango.

Infografía: Noemí Gonzales C.

“En España a este proceder le decimos: ‘Poderoso señor Don Dinero’”, dice la experta española en justicia fiscal de Oxfam, Susana Ruíz, quien en 2016 visitó el país para capacitar a la Comisión Mixta de Investigación que indagó en el caso Panamá Papers. Según la experta, lo que hacen los usuarios es sofisticar sus prácticas, si antes usaban un solo paraíso fiscal y una sola cuenta, a través de un solo despacho y un territorio offshore, “ahora están creando más cortafuegos de los que había para borrar sus rastros”. 

El análisis de la data muestra además que hay tres picos en la constitución de offshores por bolivianos que coinciden con períodos críticos en la historia del país, pero también con los de bonanza económica. Sin embargo, para un experto en derecho tributario, que pidió mantener su nombre en reserva, las crisis sociales no son la principal razón para que se abran este tipo de empresas. 

En su experiencia como funcionario público de una entidad que también investiga temas relacionados con los paraísos fiscales, en Bolivia por lo general “una offshore se utiliza cuando tienes dinero y no quieres que se conozca que tienes ese dinero y los movimientos que haces del mismo”. Ruíz por su parte, agrega que si una offshore no está registrada en el país donde realiza sus operaciones eso ya podría considerarse un indicio de ilegalidad.

Los documentos revisados por el equipo Pandora Papers Bolivia dan cuenta que, en 2004, 2010 y 2015 se abrieron mayor cantidad de offshores. 

Infografía: Noemí Gonzales C.

Las medidas legislativas en Bolivia en cuanto al lavado de activos

Las instituciones estatales llamadas a prevenir la evasión fiscal, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, entre otros delitos que confluyen en las guaridas fiscales, fueron avanzando sin necesidad de esperar la promulgación de una ley específica. Un ejemplo es la resolución de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) de junio de 2020, en la que instruye a los Notarios de Fe Pública informar cuando vean una operación sospechosa.

En la actualidad, en Bolivia gremiales, empresarios y cívicos se pronunciaron contra el proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales que, en la segunda quincena de septiembre, fue aprobado por Diputados. Actualmente el documento pasó a Senadores para su tratamiento.

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