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El Ministerio Público en la ciudad de El Alto investiga 17 casos relacionados con los conflictos sociales de días pasados, entre ellos los incendios y saqueos de unidades policiales, y las muertes registradas en la zona Senkata, del martes 19 de noviembre, informó Pilar Díaz coordinadora de esa institución en la urbe alteña.
La operadora de justicia informó que, en las pasadas jornadas, tras los cuerdos a los que arribaron las autoridades del gobierno transitorio con sectores movilizados, se pudo realizar una serie de trabajos para el esclarecimiento de las muertes en inmediaciones de la planta de YPFB en Senkata.
“Ha bajado la tensión en el lugar y se pudo ingresar a la planta de YPFB y se han hecho las pericias correspondientes en balística, planimetría reconstructiva y fotografía forense dentro del lugar”.
La fiscal señaló que hasta la fecha son nueve las personas que perdieron la vida producto de la convulsión en la zona, otras 29 resultaron heridas, mismas que reciben atención médica. En relación a este caso específicamente, Díaz señaló que siete personas fueron aprehendidas y enviadas con detención preventiva al penal de San Pedro de La Paz, asimismo en los próximos días se recibirá la declaración de más de 15 personas.
Hay 17 casos
Al momento, la fiscalía investiga los ataques a unidades policiales, el saqueo de las mismas, las explosiones de dinamita en pasarelas peatonales, la muerte de un uniformado y los decesos en la zona Senkata. El número de casos asciende a 17, y por los cuales hasta la fecha se tiene a 65 personas aprehendidas, según la operadora de justicia.
Ataque a Tránsito
Un trabajo de inteligencia policial pudo dar en las pasadas horas con uno de los presuntos involucrados en la quema, saqueo y destrucción de las oficinas del Organismo Operativo de Tránsito de la ciudad de El Alto, el mismo responde al nombre de Jhonny Vladimir M. P. quien hubiera sido reconocido por imágenes como uno de los autores de los actos vandálicos hacia esa infraestructura, los delitos por los que fue imputado son: destrucción de bienes del Estado, incendio e instigación pública a delinquir.
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