Mineros cooperativistas, gremiales, choferes, movimientos trans feminista, jubilados y hasta trabajadoras sexuales son algunos de los sectores que están pidiendo al Gobierno ser incluidos entre los beneficiarios del bono Canasta Familiar.
Dicho beneficio, dispuesto como medida paliativa a los efectos económicos negativos de la cuarentena, se paga a tres sectores: Adultos mayores que reciben Renta Dignidad pero no jubilación, personas que reciben el Bono Juana Azurduy y personas con discapacidad.
La exclusión de otros sectores ha generado descontentos, sobre todo de aquellos que viven “al día” y que tienen su actividad en el ámbito informal.
La Confederación de Gremiales de Bolivia, a través de su ejecutivo Juan Carlos García, expresó el descontento de su sector por la medida gubernamental que considera discriminatoria.
Mediante un pronunciamiento, los gremiales también pidieron ser incluidos en la Canasta Familiar Sostienen que ellos son los más afectados con la cuarentena y el impedimento de salir a trabajar. Advirtieron que iniciarían medidas de presión de no ser escuchados.
De parte de los mineros, los cooperativistas del Norte Potosí emitieron una resolución en la cual pidieron ser incluidos en la Canasta Familiar al ser parte de los “sectores sociales frágiles”.
También los cooperativistas mineros plantearon que se disminuya por tres meses el 50% del salario de funcionarios que ganan más de 10 mil bolivianos, y que ese dinero se destine para los alimentos de los más necesitados.
En Cochabamba, los choferes asalariados exigieron ser incluidos entre los beneficiarios de la Canasta Familiar, dado que no pueden trabajar en la cuarentena.
En entrevista con radio Pío XII de la Red ERBOL, dirigentes de ese sector dijeron que hay desesperación, porque sus afiliados ya están empeñando sus objetos de valor para subsistir. Consideraron discriminatoria la medida del Gobierno: “unos van a comar y otros no”, lamentaron.
La Confederación de Jubilados, asimismo, expresó su molestia porque se consideran discriminados. En un comunicado, la entidad señaló que el 38% de sus afiliados recibe una renta menor al salario mínimo.
En ese marco, los jubilados pidieron ser incluidos en la Canasta o, de lo contrario, no descartan acciones legales nacionales e internacionales.
El Movimiento Trans Feministra, de la misma forma, emitió un comunicado al respecto en el cual señala que la medida del Gobierno es un acto de exclusión.
“Somos personas que nos dedicamos al comercio informal”, dice el pronunciamiento del Movimiento Trans Feminista, por lo cual pide a las autoridades que la Canasta llegue a los sectores más vulnerables, como el suyo.
De parte de las trabajadoras sexuales, la dirigente nacional Lily Cortez emitió un comunicado en el cual señala que su sector está cumpliendo la cuarentena, pero no tiene ingresos económicos y sus ahorros se agotan.
“Pedimos a las autoridades no olvidarse de nuestro sector, ya que somos madres y padres para nuestros hijos, somos las únicas que proveemos de alimento a nuestras familias, no todas tenemos hijos, pero sí mantenemos a nuestros padres y sobrinos también”, dice el comunicado difundido por Cortez.
Advirtió que de no ser escuchado su pedido, saldrán a trabajar a las calles. “Si no morimos por el Covid-19 nuestras familias morirán de hambre”, agregó.
ERBOL
