“El Tribunal Constitucional Plurinacional ha decidido emitir la resolución 0049/2023, que en su parte resolutiva contiene seis disposiciones. (…) En la disposición 4 de la resolución dispone la continuidad o prórroga de mandato de las actuales autoridades, tanto del Órgano Judicial como del Tribunal Constitucional Plurinacional, entre tanto no sean elegidas y posesionadas las nuevas autoridades judiciales”, informó el magistrado relator, Iván Espada Navia.
En conferencia de prensa, desde Sucre, el magistrado especificó que “no se puede delegar a funcionario subalternos” ocupar sus cargos, porque no tienen la “atribución, quienes están revestidos de estas atribuciones y prerrogativas para desarrollar estas funciones son las actuales autoridades”.
El principal argumento que dio el magistrado para avalar la autoprórroga y que no está contemplada en la Constitución Política del Estado, es que no se pueden suspender los plazos procesales de todos los expedientes que están en trámite, “no se puede suspender el servicio de justicia, no se puede suspender el ejercicio de los derechos del pueblo boliviano, como el derecho al acceso a la justicia, el derecho al debido proceso”.
Con esta resolución, el TCP pone fin a la polémica sobre el futuro del mandato de todos los magistrados; del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Agroambiental, TCP y los consejeros del Consejo de la Magistratura; dado que terminaba su gestión el 31 de diciembre y ahora se quedarán hasta que se realicen elecciones judiciales.
Al respecto, el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, dijo que por la tarde se reunirán con las fuerzas políticas del Legislativo y tomarán una determinación. “No puedo tomar un criterio unilateral, para eso hay una reunión, por la tarde”, dijo.
En tanto que la senadora, Silvia Salame, dijo que con esa resolución estarían cambiando la estructura del Estado, “si es evidente que se auto prorrogaron, nosotros tenemos que tomar la determinación de iniciar un juicio de responsabilidades, porque estarían modificando la Constitución Política del Estado”.
El 7 de septiembre, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados envió en consulta el proyecto de ley transitoria para las elecciones judiciales 2023 – 2024 al Tribunal Constitucional Plurinacional y otras instancias involucradas en el tema.
El objetivo era evitar un nuevo freno al proceso de elección de nuevos magistrados, tal como ocurrió con dos procesos anteriores, que no avanzaron por recursos legales, el TCP admitió el trámite, por lo que se suspendió el tratamiento del proceso de elección en el Legislativo y esta instancia estaba a la espera de una respuesta, misma que se dio en esta jornada.
