El equipo de abogados que defiende a los nueve bolivianos en Iquique, Chile, alista una nueva estrategia para lograr la liberación de los funcionarios detenidos el 19 de marzo durante una acción de lucha contra el contrabando. En tanto, la Fiscalía de Tarapacá acusa a los connacionales de cometer tres delitos como robo con intimidación, porte ilegal de armas y contrabando.
La decisión —asegura el periódico La Tercera— fue asumida por los juristas chilenos y bolivianos, luego que no presentaran la apelación ante el Juzgado de Garantía de Pozo Almonte para cesar la detención preventiva de los funcionarios, el pasado martes.
Fuentes ligadas al caso señalaron a ese medio chileno que la defensa solicitará, en los próximos días, una audiencia para la revisión de la detención preventiva. Se busca que se reemplace la prisión por el arresto domiciliario total u otra medida cautelar menos «violenta».
La justicia chilena decretó, el 22 de marzo, prisión preventiva para dos militares y otros siete funcionarios aduaneros. El Juzgado de Garantía de Pozo Almonte estimó que los antecedentes expuestos en la audiencia fueron suficientes para presumir que participaron de tres delitos. Además, se argumentó que los bolivianos se encontraban en territorio chileno.
Las autoridades de Bolivia en el descargo aseguraron en reiteradas oportunidades que los militares y los funcionarios de aduanas estaban en su territorio luchando contra el contrabando que pasa de Chile a Bolivia.
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