La Ley de Garantías que impulsa el MAS podría ir a consulta previa, ante el Tribunal Constitucional

El MAS tiene mayoría en el Legislativo, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley la madrugada del viernes y se prevé que el Senado respalde el documento y lo remita al Ejecutivo para su promulgación.

“Si no cumple (el Ejecutivo con la promulgación), nosotros a través del Senado lo vamos a promulgar”, dijo Choque a los periodistas.

Una vez sancionado el proyecto de Ley de Garantías, el Ejecutivo tiene 10 días para su promulgación o veto, en este último caso la normativa faculta al Senado para elevar el documento a rango de ley.

“Esperamos que lo haga, porque lo único que estamos haciendo es cumplir los acuerdos que se han logrado con la Iglesia Católica y con los organismos internacionales. De ninguna manera nosotros estamos haciendo un acto de impunidad o se trate de encubrir a autoridades que hayan cometido actos contrarios a lo que dice la norma”, agregó Choque, del MAS.

Por su parte, el diputado de Unidad Demócrata (UD), Gonzalo Barrientos, advirtió que el MAS busca proteger con esa ley a exautoridades y dirigentes que incurrieron en delitos en las violentas jornadas de protesta de octubre y noviembre.

“Es una ley que lo que busca es proteger a quienes han cometido delitos de terrorismo, de organización criminal, de sedición o delitos de lesa humanidad (…). Está ley va a generar impunidad y con carácter retroactivo, porque dicen que es a partir del 21 de octubre hasta la fecha”, dijo a la red ATB.

El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, explicó que el Gobierno provisional ya atendió las demandas de organizaciones afines al MAS, a propósito de la abrogación del Decreto 4078, referido a la participación de militares en los operativos de restauración del orden público; y la indemnización para las víctimas fatales y heridos en las jornadas de protestas.

“No tiene ningún sentido poder aprobar esta ley, la Constitución Política del Estado nos da garantías a todos los ciudadanos”, dijo a la red UNO.

La Ley de Garantías, también denominada Ley de Pacificación, tiene por objeto garantizar los derechos fundamentales de las personas movilizadas durante el conflicto político y social que detonó el fraude en los comicios del 20 de octubre y prohibir aprehensiones arbitrarias.

“Todas las personas tenemos que someternos a la Justicia (…). Ya basta de utilizar rodillos, basta de utilizar los dos tercios, basta de favorecer solamente a personas”, señaló Núñez.