Al considerar que la solicitante no presentó pruebas para descartar riesgos procesales de obstaculización, la justicia ordinaria en una audiencia cautelar realizada el 6 de mayo, rechazó la nueva solicitud para que se deje sin efecto la detención preventiva de la expresidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque que está acusada por delitos electorales.
Choque, quien se encuentra con detención preventiva en el penal de mujeres de Obrajes de La Paz, se encuentra investigada por el presunto fraude electoral, registrado en los comicios anulados del 20 de octubre de 2019.
«La defensa de Eugenia Choque no presentó elemento probatorio para desvirtuar el riesgo procesal de obstaculización. Después de escuchar los fundamentos asumidos por las partes procesales, la autoridad judicial emitió la resolución rechazando la solicitud de cesación de la detención Preventiva, que fue apelada por la defensa de la imputada», informó la Procuraduría del Estado, en una nota de prensa publicada por la institución.
En este proceso, también son investigados el exvicepresidente del TSE, Antonio Costas quien se encuentra con detención domiciliaria, las exvocales Idelfonso Mamani , Lidia Iriarte y Lucy Cruz, además de otros exfuncionarios del organismo electoral, muchos de ellos con detención preventiva en diferentes recintos penitenciarios del país y otros con detención domiciliaria.
María Eugenia Choque fue aprehendida (vestida de varón), tras permanecer en la clandestinidad, luego conocerse un informe de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que realizó una auditoría de la votación, que estableció que se cometieron serie de irregularidades, desde muy graves e indicativas, en las elecciones de octubre de 2019, informe que además de generar protestas en defensa del sufragio y la democracia en todo el país determinaron la renuncia del entonces presidente Evo Morales, su salida a la República de México y la convocatoria a nuevos comicios generales este año
Cabe recordar que en noviembre del año pasado, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, aseguró que los argumentos del equipo de auditores de ese organismo eran «irrefutables», porque hubo un «fraude generalizado» en todas las etapas del proceso eleccionario realizado el 20 de octubre de 2019 en Bolivia.
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