El Gobierno nacional no garantizó el traslado, en las próximas horas, del gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, desde La Paz hasta Santa Cruz de la Sierra, para asistir a una audiencia presencial por el caso ‘decretazo’, en el Juzgado Octavo de Sentencia de la capital.
“No se puede iniciar (el juicio) cuando hay vicios procedimentales, se está vulnerando los derechos de diferentes instituciones”, afirmó Susana Ríos, viceministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción al señalar que no hubo notificación a las partes.
La orden judicial, del 31 de enero, señala que Camacho debió ser trasladado en la jornada del domingo, 10 de marzo; sin embargo, no se cumplió. El Tribunal Octavo de Sentencia señaló que la autoridad electa, primero debe ser trasladada a Palmasola, para luego (un día después) asistir a la audiencia física en la hora señalada en Palacio de Justicia.
Sin embargo, la mañana de este lunes, la viceministra de Transparencia aseguró que «antes de hablar de traslado, se debe hablar de saneamiento procesal. Se debe revisar exhaustivamente, hay situaciones que no se han resuelto y están pendientes».
¿Justificación para no trasladarlo?
Según explicó la autoridad, primero se «debe sanear el proceso antes del inicio oral. Caso contrario se podrían anular el proceso. Cuando a dos partes del proceso no se les ha garantizado su participación, es considerado un vicio, por lo que se pide subsanarlos, porque no han tenido el debido cuidado de realizar una revisión antes de convocar a juicio oral».
Ríos detalló que antes de proceder con cualquier audiencia, los juzgados deben revisar los actuados, que no falten notificaciones, que todas las partes estén representadas e incluso la foliación. Entonces, «no es una situación que se pueda evitar u obviar, porque cuando ocurren se cae en estos vicios».
¿Cuál fue el error?
Agregó que, en este caso, «no se ha convocado a asambleístas departamentales, nacionales, a la Procuraduría y al Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. Antes del inicio del proceso, estos defectos deben ser corregidos por el juzgado correspondiente».
Sin embargo, el abogado defensor del gobernador electo, Martín Camacho, afirmó más temprano a la red Unitel, que sí se notificó en diciembre del 2023, con la acusación del Ministerio Público a la Procuraduría. «Pese a que al no existir un daño económico al Estado, no tiene parte como querellante sino como coadyuvante».
Asimismo, el abogado aseguró que en caso de haber algún incidente, éste debe ser resuelto en la misma audiencia, a la que se solicitó la asistencia presencial al gobernador electo Luis Fernando Camacho Vaca.
Antecedentes del caso
El caso ‘decretazo’ data del 9 de marzo de 2022, cuando la primera autoridad departamental electa viajó al Brasil para participar de la 12va Reunión Anual del Grupo de Trabajo de Gobernadores sobre el Clima (GCF Task Force).
Antes de emprender el viaje, firmó el Decreto Departamental 373 donde designaba como gobernador suplente a su secretario de Gestión Institucional, Miguel Navarro, más no así al vicegobernador Mario Aguilera.
El 19 de marzo de 2022, luego de su arribo a Santa Cruz y tras sostener una reunión de gabinete de urgencia, Luis Fernando Camacho reconoció que el decreto fue firmado porque tenían una agenda que cumplir en provincias durante la semana y la persona designada para cumplir tales trabajos era Mario Aguilera.
En ese sentido, dijo que se decidió dejar al secretario de Coordinación Institucional Miguel Ángel Navarro como gobernador suplente, para tener el normal desenvolvimiento en la Gobernación.
Via:ELDEBER
