La denuncia fue presentada por personeros del Ministerio de Justicia en oficinas del Ministerio Público, tras el anuncio realizado la noche anterior por el ministro César Siles, quien compareció en conferencia de prensa junto a las ministras María Nela Prada (Presidencia) y Roberto Ríos (Gobierno).
Según Siles, la querella incluye no solo a Morales, sino también a dirigentes y personas que participaron en bloqueos de caminos, marchas y declaraciones que –según el Ejecutivo– configuran acciones coordinadas para atentar contra la democracia y los próximos comicios generales del 17 de agosto.
Los ministros de Estado sostienen que el objetivo de Morales es crear un clima de inestabilidad política que derive en la caída del gobierno de Arce y en la suspensión del proceso electoral. “No vamos a permitir que se vulnere el orden constitucional. Estamos actuando conforme al mandato de la ley”, expresó Siles.
Audio y polémica:
En paralelo a la denuncia, se conoció una grabación atribuida al expresidente Evo Morales, en la que supuestamente llama a “cercar La Paz” y a continuar con los bloqueos en Cochabamba y Santa Cruz. Aunque Morales aseguró que el audio es un montaje, el Gobierno lo considera una prueba más del intento de subversión.
El ministro de Justicia no descartó que las movilizaciones impulsadas por el ala radical del MAS puedan derivar en una investigación por posibles delitos de lesa humanidad, debido a las consecuencias que puedan tener sobre la población civil y el normal desarrollo institucional.
La denuncia se enmarca en una creciente tensión entre el evismo y el arcismo dentro del Movimiento al Socialismo (MAS), con miras a las elecciones generales de agosto. Mientras Morales ha sido inhabilitado para participar como candidato, el oficialismo intenta contener las protestas que denuncian una supuesta persecución política.
Con este nuevo episodio, el conflicto interno en el partido gobernante escala a un terreno judicial, justo cuando el calendario electoral avanza con definiciones clave.
