La Paz, 10 de diciembre 2024. Organizaciones de mujeres en Bolivia, conjuntamente la red Coordinadora de la Mujer, demandan al Órgano Electoral Plurinacional (OEP) garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres autoridades, ante el persistente acoso y violencia política contra ellas, particularmente en el municipio de Sacaba, Cochabamba, donde concejalas denuncian presiones, amenazas e incluso que se les adeuda seis meses de salario.
El conflicto se intensificó tras declaraciones realizadas por autoridades del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba en un evento público realizado el pasado 29 de mayo. Allí, el vocal Humberto Valenzuela alentó el cumplimiento de acuerdos de “gestión compartida” entre concejalas titulares y sus suplentes, afirmando que “hay autoridades, que cuando estaban en campaña, firmaron documentos, han suscrito acuerdos y se han comprometido a estar en funciones durante la mitad de la gestión, o por cierto tiempo, y por moral, por disciplina partidaria, por ética, deben cumplir con sus compromisos”. En tanto, Tito Rodríguez (fallecido) dijo “(…) censuramos a aquellas personas que en política no cumplan sus compromisos”. Estas declaraciones, lejos de garantizar derechos, perpetúan la violencia política y normalizan prácticas ilegales, denuncian las organizaciones.
Una práctica ilegal que afecta a las mujeres autoridades
Los denominados acuerdos de “gestión compartida” son una práctica extendida en la política boliviana, que obliga a concejalas y concejales titulares a renunciar a sus cargos para cederlos a sus suplentes antes de completar su mandato, violando lo establecido en la Constitución Política del Estado, que establece claramente que la gestión de las autoridades electas es de cinco años. “Esta imposición, ampliamente utilizada contra mujeres, mina el sistema democrático y agrava la situación de violencia política hacia las autoridades electas, afectando especialmente a concejalas”, refiere un boletín de la Coordinadora de la Mujer.
Casos en Sacaba: abandono y falta de acción del TED de Cochabamba
Concejalas de Sacaba han denunciado desinterés del TED de Cochabamba ante agresiones sufridas. María Amparo Acosta, víctima de múltiples actos de acoso y violencia política, sostuvo que “el TED apoya la misma violencia política al no actuar. La presidenta de esta entidad (Ruth Pontejo) se ha hecho la desentendida sobre este tema. El TED está politizado a más no poder, porque ha ocasionado esta violencia política”. Por su parte, Martina Rojas acusó al TED de favorecer al alcalde del municipio. “Debería ser neutral e imparcial, pero lamentablemente no es así”, lamentó la autoridad.
Cabe recordar que, desde mayo, el Concejo Municipal de Sacaba está sumido en pugnas debido a la denominada “alternancia” de cargos. Cuatro de las seis concejalas mujeres denunciaron acoso y violencia política de parte de sectores sociales que exigen su renuncia en cumplimiento de acuerdos de “gestión compartida”. Dichas denuncias fueron presentadas ante el TED de Cochabamba y todavía esperan que la Fiscalía pueda brindarles las garantías necesarias para volver a ejercer sus funciones al interior del ente legislativo.
En mayo, la misma Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por este caso y a través de un pronunciamiento exhortó a las autoridades electorales de Cochabamba “se abstengan y dejen de promover discursos que amenacen el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres autoridades”.
Demandas urgentes al OEP
Ante estos hechos las organizaciones de mujeres y la Coordinadora de la Mujer han hecho llegar una carta al OEP exigiendo lo siguiente: dar cumplimiento a la normativa vigente y rechazar públicamente cualquier práctica que limite los derechos políticos de las mujeres, como los acuerdos de “gestión compartida”; brindar garantías inmediatas y efectivas para las concejalas de Sacaba, que les permitan retomar sus funciones sin riesgos ni represalias; y acciones concretas para frenar el acoso y la violencia política, incluidas sanciones claras contra quienes promuevan o ejecuten estas prácticas.
La Coordinadora de la Mujer, junto a otras organizaciones, reafirma que este tipo de violencia es incompatible con los principios de una democracia paritaria. “Estas prácticas no solo violan derechos individuales, sino que amenazan la construcción de un sistema político inclusivo y equitativo”, enfatizó Gabriela Murillo, representante de la Coordinadora de la Mujer.
Durante el 2024, la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (ACOBOL) registró 83 denuncias de acoso y/o violencia política hacia mujeres autoridades electas. De ese total, 61 (74%) tuvieron como causa la mal llamada “gestión compartida”.
